El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta, ordenó a Seguros del Estado S.A., al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec- y a la Dirección de la Cárcel Rodrigo Bastidas de la capital del Magdalena, que en un plazo no mayor a 5 días, practiquen pruebas diagnósticas para Covid-19 a 17 auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar obligatorio como guardias en ese penal.
La tutela fue instaurada por la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Santa Marta, amparando los derechos fundamentales de los jóvenes a la salud y una vida digna.
En este sentido, el juez solicitó que 'se les brinde atención integral en salud y se les reubique en un espacio en el penal que cuente con ventilación, agua potable, duchas y todas las medidas recomendadas para reducir el riesgo de contagio del coronavirus'.
La tutela fue instaura por los órganos de control ante las condiciones de hacinamiento en que encuentran los auxiliares, al estar instalados en un cuarto del penal, a pesar de que algunos ya habrían sido contagiados por el virus.
En ese centro de reclusión hay 102 personas privadas de la libertad que han arrojado resultados positivos para Covid-19.
