El Secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres, explicó que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y Parques Nacionales Naturales de Colombia son los que tienen potestad jurídica frente al predio que invadieron unos 300 campesinos en la vereda Don Diego y que amenaza la seguridad del resguardo indígena Arhuaco Katansama.
Así lo aseguró el funcionario después de un consejo extraordinario de seguridad que se cumplió en la tarde de este lunes en el palacio Tayrona, sede de la Gobernación, y que contó con la participación, por medio de videoconferencia, de representantes del Ministerio del Interior, de Agricultura y Medio Ambiente.
'La SAE es la administradora del predio que en 2012 fue entregado a Parques Nacionales como depositario provisional', explicó Torres, quien además aclaró que a pesar de ello, tanto la Alcaldía Distrital como la Gobernación han asumido compromiso en materia de seguridad, ambiental y social.
Indicó que el predio en disputa tiene dos acciones legales, una judicial y otra administrativa, debido a que existe una medida cautelar ordenada por la Fiscalía General de la Nación.
'Este predio ha sido entregado a Parques Nacionales, quienes tienen la disposición del predio, del uso y goce, y deben responder a la solicitud que ha hecho el cabildo Kogui, Malayo y Arhuaco, para que finalmente sea entregado a ese cabildo después de que termine este proceso', comentó.
Por su parte, la líder del resguardo Katansama, Margarita Villafañe, explicó que varios miembros de su comunidad están estresados por toda la tensión que se ha vivido en los últimos días.
Comentó que su comarca es un pueblo pacífico pero temen alguna mala reacción de las personas que invadieron la zona.
'Cuando se genera este tipo de aglomeraciones en un espacio, donde cada uno defiende sus intereses se puede dar (alguna confrontación) y es lo que menos queremos nosotros', dijo.
Recalcó que 'no queremos que suceda algún tipo de intimidación con la vida de algún miembro indígena, pero no estamos exentos porque no sabemos la voluntad y el carácter de las personas que nos rodean'.
Ante esta situación, este martes instalarán un Puesto de Mando Unificado y la Gobernación del Magdalena solicitó la participación tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como de Migración Colombia.
Las autoridades también solicitaron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que lidere el diálogo entre las partes del conflicto.
'Se requiere garantizar los derechos de los menores que están en los predios al igual que Migración, ya que la información de inteligencia da muestra de que hay una gran cantidad de personas de Venezuela', dijo el secretario Torres.
Asimismo, solicitó la realización de un censo poblacional porque hay varias personas que llegaron desde Mingueo y Palomino, en La Guajira.
