La Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregó en los municipios de El Piñón y Aracataca, Magdalena, 253 títulos de propiedad a campesinos que no solo han superado las secuelas de la violencia, sino que se sienten más arraigados a sus tierras.
En El Piñón, la entrega se hizo en Playón de Orozco, un poblado cuyos habitantes fueron desplazados tras una arremetida paramilitar en el año 1999, en la que asesinaron a 28 personas.
En Aracataca, fue el predio Tranquilandia, un fortín paramilitar con un largo proceso de despojos, usurpación y violación de derechos humanos, entre los años 1990 y 2000.
Fueron 228 predios registrados en El Piñón para un total de 296 beneficiarios directos, de los cuales 149 son mujeres, mientras en Aracataca fueron adjudicados 25 títulos de bienes baldíos.
Para la directora de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Miryam Carolina Martínez Cárdenas, 'reconocer y apoyar el derecho que tienen los campesinos de acceder y trabajar la tierra de forma legal, es la máxima apuesta que lidera la entidad como autoridad de tierras de la nación'.
Una de las visitas de la ANT fue al predio de San Luis, en el corregimiento Playón de Orozco, que ha sido el hogar de Edith Cecilia Ahumada Lozano, su esposo y su familia, que poco a poco ahorraron unos recursos para comprar un lote en dicho corregimiento.
Las masacres
El 9 de enero de 1.999, hombres armados irrumpieron en su casa y la obligaron a abandonar el predio en compañía de sus hijos.
Narra que mientras el pueblo se preparaba para celebrar los bautizos comunales, un grupo de paramilitares al mando de Tomás Freyle Guillén, alias Esteban, y la escuadra de Francisco Gaviria, alias Mario, del Frente Pivijay –Bloque Norte de las AUC– rodearon el pueblo para cometer una de las masacres más recordadas. Los paramilitares no solo asesinaron a pobladores, sino que saquearon y quemaron viviendas.
Edith y su familia se vieron obligados a marcharse a la casa de un familiar en Pivijay. Fueron 6 meses de exilio y tristeza por haber dejado atrás la tierra que tanto había luchado para conseguir, la misma que hoy la ANT la titula a su nombre.
En el caso de Tranquilandia, en el 2016 se profirió el fallo sobre la restitución del predio ubicado en el municipio de Aracataca, un espacio que por su ubicación estratégica, porque permite el paso hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y los departamentos de Cesar y La Guajira, ha sido centro de disputa armada, dejando como consecuencia desplazamientos y homicidios, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.
Para Julio Armenta Ospino y su esposa, Eufemia Isabel Vanegas, recibir esta noticia como nuevos propietarios, tras 26 años de espera, es un 'milagro de la vida que nos permite iniciar un nuevo camino'.
