Luego de cinco horas de desarrollo Joaquino González, juez 5 Penal Municipal con funciones de control de garantías, decidió suspender la audiencia pública en la que se imputarían cargos al alcalde de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz y a su secretario de Educación, Luis Ospina Daza, vinculados a un proceso por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar, PAE. Se reiniciará hoy a partir de las 8:00 am.
La vista pública se comenzó a las 2:00 pm y a las 7:00 pm fue levantada sin que se definieran los cargos formulados a los indiciados.
Mientras en el Centro de Audiencias (piso 3) el procedimiento se cumplía sin contratiempos y de manera privada, pues se les impidió el acceso a la sala a los medios de comunicación, en las afuera del edificio seguidores del mandatario protestaban y desahogaban su enojo con los periodistas, quienes fueron objeto de insultos e improperios.
'Les están haciendo el trabajo a los mafiosos'; 'Están mintiéndole a la comunidad', vociferaban.
¿Captura ilegal?
El abogado Álex Fernández Harding, pidió al juez de la causa declarar ilegal el procedimiento de captura de sus defendidos, al considerar que la Fiscalía exageró el procedimiento judicial.
Según el jurista, el ente de control fiscal pasó por alto el compromiso de presentación voluntaria que se había acordado, pero al mismo tiempo habría trasgredido el principio de la dignidad humana.
'Se les obligó a colocárseles esposas siendo innecesario porque ya estaban dentro del edificio de la Fiscalía… Fue un hecho contrario a la dignidad', recalcó.
De igual manera manifestó que el Fiscal General de la Nación debió guardar la reserva sumarial de las imputaciones.
En efecto, Humberto Martínez Neira – el Fiscal - dijo en una alocución que tanto al alcalde como al secretario de Educación, se le solicitará medida de aseguramiento, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos; peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
También informó que la Alcaldía de Ciénaga y la Fundación Unidad Social Barrio Adentro (Fusba) – firma favorecida con la adjudicación del PAE - , se habrían presentado serias irregularidades. Así por ejemplo – dice la Fiscalía – 'el mandatario local supuestamente recibía porcentajes de los contratos gestionados'.
Añadió que 'de acuerdo con los elementos de prueba recolectados, se tiene conocimiento que el 6 de junio de 2018, habría recibido en Barranquilla la suma de $127 millones, aproximadamente, por parte de la empresa contratista del PAE', precisa el informe de la Fiscalía.
Por su parte, Fernández Harding sostiene que 'todos los elementos de la defensa desvirtúan los argumentos de la Fiscalía'. 'Podemos indicar con precisión que se trató de un procedimiento exagerado', enfatizó.
