La Procuraduría estableció un presunto detrimento patrimonial de $13.576 millones en la Vía de la Prosperidad y citó por tercera vez a rendir versión libre y espontánea, en diligencia programada para el próximo 16 de mayo, al exgobernador y a la actual gobernadora del Magdalena, Luis Miguel y Rosa Cotes, para que den las explicaciones del caso.
Según un informe técnico del pasado 17 de abril emitido por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, hubo aparentes sobrecostos en el transporte de materiales para la construcción de terraplenes en la obra, exactamente en inmediaciones del corregimiento de Palermo, en Sitionuevo, Magdalena.
'Se conceptúa que al no haberse transportado los materiales de Terraplén y Rajón, desde las canteras La Fontana y Ciénaga respectivamente, siendo estas las más cercanas al proyecto y que contaban con su título minero y resolución de licencia ambiental, se pudo haber generado un sobrecosto total de 13.576 millones de pesos', se lee en el informe.
Así mismo, critica el ente 'la desactualización de los estudios y diseños, el aumento de los costos de transporte de materiales de terraplén que elevaron el valor del contrato y las deficiencias que no garantizarían que el trazado de la vía se construyera como estaba inicialmente proyectado para 52,6 kilómetros sino solo para 26,13 kilómetros, lo que representa una disminución del 50,55%'.
El ente de control disciplinario, además, solicitó información al Consorcio ICI, a la dirección general del Invías y a la gerencia de proyectos de la Gobernación de Magdalena, respecto al avance físico de la obra, el avance financiero de la misma y a las suspensiones que ha sufrido la vía.
El Ministerio público, que abrió en septiembre de 2017 la pesquisa contra los Cotes, advirtió que si los funcionarios no se presentan, continuará el proceso sin su defensa.
La entidad había puesto de presente que en la obra se ya ha desembolsado el 52% de los recursos, unos $224 mil millones, y sin embargo, la construcción no alcanza siquiera la mitad de la ejecución.
Entre tanto, hace un par de meses, un informe del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia advirtió que la Vía de la Prosperidad, con un costo total de $466 mil millones, empezó en 2014 y tenía un avance de solo 48%: 'A la fecha no se ha definido el trazado, longitud y costo real de la vía, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta y el alcance del proyecto'.
Además, la Contraloría estableció a mediados de año un presunto detrimento patrimonial de $32.616 millones en las obras de la vía, por deficiencias en la planeación del proyecto.
El proyecto, cuyo nombre técnico es el de 'Mejoramiento de la vía Salamina (Guaimaro) - Remolino - Sitionuevo (Palermo) en el departamento del Magdalena', persiste en estado crítico desde 29 de abril de 2016 y se encuentra suspendido preventivamente desde el 25 de noviembre de 2016.
La importante vía para el Caribe fue adjudicada desde el 12 de agosto del 2013, pero la entonces ministra de Transporte, la cienaguera Cecilia Álvarez-Correa, pidió suspender la licitación por presuntas irregularidades en el proceso.
Luego, la Corte Constitucional ordenó como medida provisional la suspensión de la obra en diciembre de 2013, Cotes pasó por un proceso disciplinario en la Procuraduría finalmente resuelto a su favor, y la Corte dio vía libre al proyecto en diciembre de 2014 y las obras se reanudaron en mayo de 2015.
