En cuatro puntos la Contraloría General de la República fundamentó la denuncia de las posibles irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) del Magdalena, que colocó a la gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga en el ‘ojo del huracán’.
La auditoría del ente de control reportó en primera instancia que el Departamento canceló almuerzos por un valor superior a lo establecido en los estudios de mercado, y explicó que se contrataron almuerzos con precio unitario de $2.300 pero terminaron pagándolos a $2.900, es decir $600 pesos de más.
Otro aspecto que marca la supuesta irregularidad es que pagaron 44 días de almuerzos que no fueron entregados.
También se denunció que con la Corporación Gestión de Recursos Social y Humano (Gers) se hizo una contratación por monto superior a los $17.000 millones, a través de un convenio de asociación, lo cual debió hacerse mediante licitación.
Explica la Contraloría que esto solo se firma con asociaciones exclusivas de entidades públicas y que la ONG Gers no hace parte de este segmento.
Esa misma empresa se comprometió a brindarle un complemento alimenticio y terminó dándoles a los niños otros. Por ejemplo, en vez de leche de vaca en polvo entera, se les dio una mezcla láctea en polvo a base de leche y lactosuero.
El informe precisa que se entregó un producto que no es leche y no tiene los nutrientes de la leche de verdad.
El ente de control informó que por estas acciones, supuestamente no legales, hubo un presunto detrimento patrimonial por más de $3.181 millones del contrato suscrito en agosto del año pasado.
Al cierre de esta edición no había un pronunciamiento de la Gobernación del Magdalena al respecto, pese a que desde bien temprano (9:00 am) EL HERALDO envió un cuestionario al gerente del PAE, Carlos Payares, quien a través de un vocero dijo que estaba trabajando en ello.
Más tarde se informó a este medio que la respuesta provendría del despacho de la mandataria departamental.
