El director de Invías, Carlos García Montes, reclamó al consorcio Ribera Este, contratista de la Vía de la Prosperidad, la reanudación de las obras de ese proyecto, las cuales siguen paralizadas pese a que hace más de un mes el contrato fue regularizado y se desembolsaron los recursos que estaban retenidos.
Al momento de expresar su inconformidad, el funcionario dijo que de no dárseles pronta continuidad a los trabajos solicitará a la Gobernación del Magdalena la caducidad del contrato.
Comentó que no tiene razón de ser que si hace un mes se regularizó la obra luego que el Invías flexibilizara su posición y accedieran a que se diera una prórroga para cumplir con la terminación de 17.5 kilómetros que están en terraplén, a la fecha no hayan reiniciado los trabajos.
'Nosotros no podemos seguir dejando que el contratista haga lo que le parezca. Las obras las tiene que comenzar a ejecutar y si no lo hace que se declare la caducidad del contrato', enfatizo García Montes.
De acuerdo con el cronograna planteado inicialmente, el contrato legalmente finalizaría en este mes de noviembre, pero el 12 de septiembre pasado en una reunión en Santa Marta se logró un acuerdo entre el director nacional del Instituto Nacional de Vías, Invías, Carlos García Montes, y la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, para la normalización del contrato.
Esto indica que el consorcio Ribera Este terminará únicamente los 17.5 kilómetros de la vía que ya se han intervenido y el puente sobre Caño Clarín. Para esto, el contratista tendrá como plazo hasta julio de 2018.
Lo que Carlos García Montes ve con buenos ojos es que por lo menos el ente territorial sancionó a Ribera Este con $9.000 millones en fallo de segunda instancia y definitivo. En una primera sentencia había impuesto multa de $14.000 millones pero el contratista apeló.
LOS ÁRBITROS
Por otro lado, Ramiro Saavedra, ex presidente del Consejo de Estado; Luis Berrocal, ex magistrado auxiliar de la misma Corporación, y José Pablo Durán, ex procurador Judicial de la Procuraduría General de la Nación, son los tres árbitros que conformarán el Tribunal de Arbitramento que dirimirá la controversia que sostienen el Departamento del Magdalena y el Consorcio Ribera Este, por cuenta de la ejecución del contrato No 617 (Mejoramiento de la Vía Palermo - Sitio Nuevo - Remolino - Guáimaro, tramo conocido como la Vía de la Prosperidad).
El pasado lunes 30 de octubre se instaló en Bogotá el Tribunal de Arbitramento, el cual es el competente legal y contractualmente para fallar con apego a la ley, las desavenencias que han surgido entre contratante y contratista en este proyecto de infraestructura vial.
La Administración departamental acudió al juez natural del contrato después de haber intentado, en varias oportunidades, a través de incontables mesas de trabajo, llegar a acuerdos bilaterales de interpretación de las cláusulas contractuales, sin que ello hubiere sido posible en un cien por ciento de las diferencias. Es por ello que decidió finalmente acogerse al tribunal para que revise y dirima las divergencias.
'El Gobierno Departamental, a través de su apoderado, el doctor Gonzalo Suárez Beltrán, presentará en demanda de reconvención sus pretensiones contractuales y procesales, buscando el fin que siempre ha perseguido: el bien del proyecto, en esta ocasión, a instancias de este escenario del juez natural del mismo', dice un comunicado emitido por la Gobernación tras conocerse que el caso pasa al Tribunal de Arbitramento.
