Por presuntas anomalías en la contratación de la APP del río, en la suscripción de convenios forestales y en la planeación presupuestal, la Contraloría estableció hallazgos fiscales en Cormagdalena por $1.836 millones.
EL HERALDO conoció el informe de autoría a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, publicado en junio de 2017 y que analiza la vigencia de 2016, en el que se detalla que el ente de control estableció en total 33 hallazgos administrativos, de los cuales tres tienen presunto alcance fiscal.
Durante la mayor parte del año pasado, el director de la entidad fue Luis Álvaro Mendoza, quien ocupó el cargo desde septiembre de 2015 hasta el mismo mes de 2016. Posteriormente asumió el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, como director encargado, y quien hoy tiene citaciones judiciales por el caso Odebrecht. Y, actualmente y desde junio pasado, el director es Alfredo Varela, que es a quien va dirigida la misiva de la Contraloría.
El documento de 93 páginas se indica que el presupuesto de Cormagdalena para el año pasado fue de 102.697 millones de pesos, y que durante esos 12 meses suscribió 256 contratos por valor de 39.623 millones, 16 convenios por 7.895 millones y se incluyeron 18 contratos de vigencias anteriores por 54.765 millones de pesos.
Asesor de la app
El primer hallazgo se establece en el contrato 0-0222 -2016, para contratar un asesor legal en el proyecto de la APP del Río ante la posible caducidad de ese contrato.
Al respecto, advierte la Contraloría que 'el cronograma allegado por el contratista, se encontraba proyectado con fechas que corresponden a los meses de enero a mayo de 2016, es decir con antelación al perfeccionamiento del contrato (de APP), de donde se infiere que antes de hacerse manifiesta y real la necesidad de dicha contratación, la entidad desplegó actividades ciertas para un proceso contractual que aún no se había definido'.
Por ello, critica el ente de control que no existe justificación para que la entidad celebrara dicho contrato, 'por cuanto Cormagdalena cuenta con el recurso humano profesional y experto en esta clase de proyectos, al tiempo que existían los estudios previos de la APP que se venía ejecutando en el momento de esta contratación, los cuales de haber sido necesario, era dable ajustarlos a los requerimientos del nuevo proceso contractual'.
Además, señala la auditoría que el representante legal de la firma contratista es uno de los profesionales que brindaron asesoría, apoyo y acompañamiento en el componente jurídico de la gerencia del proyecto de la APP, lo que 'contraviene los principios de objetividad y transparencia en la contratación estatal'.
Convenios forestales
La Contraloría critica una serie de convenios que suscribió Cormagdalena con propietarios ribereños desde 1999, comprometiendo recursos públicos por 1.315 millones de pesos, y en los que no exigió garantías que respaldaran su inversión.
Pone de presente la auditoría al respecto que las inversiones de la Corporación las hizo a través de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif, dentro de la ejecución de los convenios 036 de 1999, 058 de 2000, 047 de 2001, 002 de 2002 y adición al 002, en el marco del Programa de Reforestación Comercial, que consistía en realizar convenios comerciales desde la perspectiva de un negocio forestal, comprometiendo recursos y riesgos de la Corporación, con socios propietarios ribereños de su jurisdicción.
Mora en litigios
Advirtió el ente de control fiscal que Cormagdalena, por no provisionar presupuestalmente los recursos de litigios, ha tenido que pagar intereses por mora en los fallos por más de 346 millones de pesos, estableciendo por ello la Contraloría un presunto hallazgo fiscal por esta suma.
Es el caso de una decisión en 2015 del Tribunal de Arbitramento de la Concesión Portuaria No. 028 de 2004, en que se condenó a Cormagdalena a devolver dineros a favor de Palermo Sociedad Portuaria S.A., que se había quejado por un reajuste de la contraprestación que había sido impuesto a través de una resolución de 2012.
Ante el fallo, la Corporación interpuso un recurso de anulación ante el Consejo de Estado el 13 de agosto de 2015, pero fue resuelto el 13 de abril de 2016 también en contra de la Cormagdalena.
