Luego de varias horas de postergación se realizó en el despacho de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, la mesa de trabajo de revisión de las alternativas de ahorro que pueda generar el proyecto de construcción de la Vía de la Prosperidad, el sábado pasado, con la presencia de Carlos Alberto García Montes, director de Instituto Nacional de Vías, Invías.
'Solo van 4 kilómetros de pavimento terminados, cuando deberían ir 16 kilómetros a abril de 2017 según la programación de la obra que indica, además, que a noviembre de este año deben estar concluidos los 19 kilómetros estipulados entre las partes', enfatizó el funcionario.
El contrato con el consorcio Ribera al principio marchó bien, luego estuvo suspendido 18 meses por la intervención de la Contraloría. 'La idea es regularizar el contrato a partir de la reducción de costos por los ítems de distancia para el acarreo de material sin afectar la calidad y material de la obra, y así eliminar el hallazgo de la Contraloría General por 32 mil millones de pesos', apuntó García Montes.
Explicó que la distancia inicial de acarreo de material era de 90 kilómetros; y la actual es de 50 kilómetros.
Condicionan giros
El director de Invías sostuvo que de las dos fuentes de recursos el convenio interadministrativo quedó condicionado al giro de estos por parte de Invías por valor de 113.000 millones de pesos; e igualmente el Departamento Nacional de Planeación solicitó no entregar los 60.000 millones de pesos que desembolsaría la Gobernación del Magdalena por concepto de regalías.
El funcionario nacional fue enfático al afirmar que solo existen autorizaciones ambientales para los 19 kilómetros que se están interviniendo, mas no para la construcción de variantes en Remolino, Sitionuevo y el tramo entre Sitionuevo- Guáimaro.
García Montes manifestó que si el 'contratista fuera un buen contratista, entregaría los 19 kilómetros pavimentados, terminados como lo indica el contrato, o en un alto porcentaje avanzado en noviembre próximo, de lo contrario lo mejor es abrir un nuevo proceso licitatorio con estudios, diseños y licencias ambientales'.
El proyecto vial tiene un costo total de $446.900 millones y fue adjudicado desde el 12 de agosto del 2013 cuando estaba al frente el exgobernador Luis Miguel Cotes, pero la entonces ministra de Transporte, la cienaguera Cecilia Álvarez-Correa, pidió suspender la licitación por presuntas irregularidades en el proceso.
En 2013 la Corte Constitucional ordenó, como medida provisional, la suspensión de la obra. Cotes enfrentó un proceso disciplinario en la Procuraduría que se resolvió a su favor, y la Corte dio vía libre al proyecto en diciembre de 2014 y las obras se reanudaron en mayo de 2015. Hoy, junio de 2017, solo existen 4 kilómetros pavimentados.
