El hombre de confianza de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes Vives y de su sobrino el exgobernador Luis Miguel Cotes, quién además fue nombrado en junio de este año como gerente general del departamento, Antonio Matera Ramos, tiene orden captura por supuestos actos de corrupción.
Al momento de oficializar la mención, la Gobernación señaló que 'Antonio Matera Ramos será el encargado de asegurar que la entidad territorial sea operativa y eficiente. Asimismo, articulará las diferentes secretarías y jefaturas, definiendo los procesos y las responsabilidades de cada quien'.
Tres meses después del nombramiento, en audiencia reservada un juez le dictó orden de captura por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y aun así continuó trabajando en la Gobernación hasta el pasado 4 de octubre, cuando presentó su renuncia repentina aduciendo ‘problemas personales’.
Desde ese día no hay pistas de su paradero. Según reseñó El Espectador, los investigadores no descartan la posibilidad de que alguien pudiera haberlo puesto sobre aviso.
Por su parte, las personas cercanas al caso se cuestionan por qué Matera Ramos no fue aprehendido antes de su dimisión.
En cuanto a la difusión de la noticia de la orden de captura para Matera Ramos, por parte de medios locales, la administración departamental se ha mostrado hermética, sin embargo el pronunciamiento de Cotes Vives, a través de un comunicado, señaló que 'confiamos en el equilibrio de las instituciones del Estado y en el debido proceso como derecho que tiene el doctor Antonio Matera Ramos para ejercer su defensa'.
La investigación
La justicia investiga el proceso de Antonio Matera como secretario de Educación departamental en el año 2013. El 2 de julio de ese año la Gobernación del Magdalena suscribió un contrato por $18.531 millones con la Fundación para el Servicio Social y Empresarial del Caribe, Servimas, con el objetivo de prestar servicio educativo a más de 15 mil niños del departamento que no aparecen registrados en el Sistema Integrado de Matrículas, Simat, del Ministerio de educación.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción establecieron múltiples irregularidades en ese proceso de contratación. Se estima que en ese momento se perdieron más de 6 mil millones de pesos. Y consideran que hubo un ‘acuerdo de voluntades’ entre funcionarios de la Secretaría de Educación y particulares de Servimas para defraudar al estado.
Adicionalmente, según pruebas recaudadas, al parecer Servimas presentó documentos adulterados para justificar la inversión del dinero. En el mismo sentido también se conoció que una funcionaria encargada de la supervisión del contrato, habría elaborado informes de ejecución y certificados de cumplimientos falsos como soporte para desembolsarle a Servimas 18 mil millones de pesos.
Aun cuando una interventoría realizada por la Universidad del Atlántico advirtió anomalías considerables y señaló que 'resultó imposible el seguimiento del proceso, pues el Servicio Social y Empresarial del Caribe nunca entregó la información solicitada, el entonces secretario de Educación, Matera Ramos, autorizó los pagos al contratista.
Las autoridades consideran que Matera estaba enterado de la línea de irregularidades e hizo caso omiso de su deber de garantizar la transparencia de los recursos públicos.
