En huelga de hambre se declararon 1.650 internos de la cárcel judicial Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, como protesta por las pocas garantías que se les brinda en materia de salud, la carencia de agua potable y la lentitud de la rama judicial para definir la situación jurídica de muchos de ellos.
El domingo, a las 5 de la tarde, los presos –hombres y mujeres–, decidieron no recibir alimentos y esperar que los organismos de defensa de los derechos humanos se apersonaran del problema.
Jimmy Zapata, vocero de los reclusos rebeldes, leyó desde su celda un comunicado en el que además de mencionar los problemas que más los agobian, piden a la dirección del penal o a quien competa, decretar el estado de emergencia humanitaria.
'Estamos atravesando una difícil situación sanitaria y social', expresó el recluso.
Al cierre de la edición ni la Defensoría del Pueblo, ni la Personería Distrital habían emitido opinión alguna sobre la protesta.
