La Procuraduría General de la Nación pone su lupa sobre la crisis de gobernabilidad que se vive en la Universidad del Atlántico y que se ha agudizado con el nombramiento de Rafael Castillo como rector temporal ante una orden del Ministerio de Educación de reemplazar por hasta un año a Leyton Torres, quien fue elegido en octubre por el Consejo Superior.
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EL HERALDO conoció un oficio emitido por la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, en el cual se requiere a la Universidad del Atlántico que informe si se dio cumplimiento a una sanción disciplinaria de suspensión por cuatro meses impuesta al exrector Rafael Ángel Castillo Pacheco.
En dicho documento, el ente de control solicitó que se precise la fecha exacta de inicio y finalización de la suspensión. En caso de que la medida no se haya aplicado, la Universidad deberá explicar las razones que lo impidieron y detallar las actuaciones adelantadas para garantizar su cumplimiento.
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Según la comunicación oficial, la sanción fue impuesta mediante decisión disciplinaria se encuentra registrada desde el 11 de marzo de 2025 en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), lo que le otorga plenos efectos jurídicos.
Además de la información sobre la ejecución de la sanción, la Procuraduría pidió a la alma mater que entregue copia de los actos administrativos y de las comunicaciones relacionadas con la aplicación de la medida disciplinaria.
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El requerimiento establece un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción del oficio, para que la institución remita la información solicitada al despacho regional del Ministerio Público.
El pronunciamiento del ente de control se da en medio de un escenario de tensiones administrativas y jurídicas en la Universidad del Atlántico a causa de la designación del rector para el periodo 2025-2029.



















