La expedición de una ley es necesaria para que el Gobierno pueda adelantar la titularización de la deuda por opción tarifaria. Esa fue una de las conclusiones de la reunión que este viernes fue realizada entre el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con delegados de las empresas Air-e y Afinia.
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De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, este trámite requiere de un tiempo prudente. Por esa razón, las autoridades han empezado a barajar otras opciones que permitan la implementación de dicha medida en el corto plazo.
En ese sentido, en la actualidad se encuentra vigente una línea de crédito de Findeter por $2 billones al que pueden acceder las comercializadoras. Sin embargo, según lo expresado por un conocedor del sistema, “el crédito no extingue la deuda”.
Cabe recordar que el componente de la opción tarifaria corresponde a una deuda que se generó con las comercializadoras durante el tiempo de pandemia.
Este mecanismo permitió que se congelaran las tarifas eléctricas para que los usuarios no tuvieran afectaciones por el alza de precio. En la región Caribe, este componente junto con el de pérdidas son los que más incrementan la tarifa de energía en las facturas de los usuarios.
Desde diferentes sectores sociales y económicos le han pedido al Gobierno nacional acciones para disminuir el costo de la tarifa en esta zona del país, teniendo en cuenta que por las condiciones climáticas el consumo de energía en promedio es más alto que del resto del país.
Precisamente, el presidente Gustavo Petro, durante una visita a la ciudad de Barranquilla el pasado 7 de mayo, anunció que la Nación asumiría el costo de la opción tarifaria. Noticia que fue muy bien recibida por todos los usuarios.
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Sin embargo, el ministro Camacho sostuvo en una visita reciente a Barranquilla que se dará prioridad a los estratos 1, 2 y 3.
“Lo que hemos valorado, hasta el momento, es que para esos estratos estaría alrededor de $2.8 billones –que sería lo que el Estado asumiría producto del compromiso que ha hecho el presidente del vehículo para garantizar el pago de esta deuda– y que el Estado la asuma sería a través de la banca pública, en este caso Findeter”, explicó.
Este anuncio generó rechazo. Los gremios, usuarios y autoridades del Caribe exigieron al Gobierno nacional que cumpla su compromiso de asumir la totalidad de la deuda por opción tarifaria en el país, que según las estimaciones del Ministerio de Minas asciende a $4.8 billones. Recalcaron que los estratos del 4 al 6, así como el sector comercial e industrial, ha sido afectado duramente por esta crisis tarifaria.
