El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó este viernes una nueva alerta temprana que cobija a 22.911 personas en situación de riesgo en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.
De acuerdo con el líder del Ministerio Público, en estos territorios se ha evidenciado un 'escalamiento' de las acciones de estructuras del crimen organizado y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
Esto se ha traducido en afectaciones por hechos como masacres, asesinatos selectivos, extorsiones, amenazas y desplazamientos internos.
Precisó que la entidad realizó una revisión de las dinámicas en las que han venido operando los grupos al margen de la ley en Barranquilla y su área metropolitana, resaltando la aparición de organizaciones como Los Papalópez, Los Vega, Los Pepes y Rastrojos Caleños, que se suman a antiguas estructuras como Los Costeños y Los Rastrojos.
Aumento de homicidios
El defensor Camargo expresó su preocupación por el aumento de casos de homicidios selectivos en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.
Indicó que en el primer trimestre del año se han presentado 201 casos, que representan un aumento del 14 % en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se presentaron 171 homicidios y del 43 % frente a 2021 (140 homicidios).
Expuso que el 85 % de estas muertes corresponden a sicariato y coincide con la tipología utilizada por los grupos armados ilegales.
Alertó, además, por el número de masacres registradas entre 2021 y 2023, correspondiente a 12 casos con 39 víctimas fatales.
Otro de los puntos de preocupación corre por cuenta de la práctica de desmembramiento en los mencionados territorios, contabilizando cinco casos desde 2021 hasta la fecha.
'La Defensoría del Pueblo lanza estás advertencias para que las autoridades entren a actuar para combatir esta criminalidad en los territorios', recalcó Camargo.
La extorsión es otro factor de vulneración que se incrementó. Mientras en 2021 los comerciantes hicieron 132 denuncias, un año más tarde la cifra alcanzó los 532 casos. Este delito afecta principalmente a pequeños y medianos comerciantes de negocios que hacen parte de la economía popular y barrial.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo hizo 45 recomendaciones para que los ministerios del Interior y de Defensa, la Gobernación del Atlántico, alcaldías, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y entre otras entidades, adelanten acciones que garanticen los derechos de las comunidades.
La entidad solicitó activar el Sistema de Prevención y Reacción Rápida para que, con soluciones efectivas, los habitantes de Barranquilla y los cuatro municipios del Área Metropolitana tengan seguridad y tranquilidad.
