El cierre de empresas y negocios que cometan el delito de defraudación de fluidos por apropiación del servicio de energía es una de las medidas que establece la ley colombiana para combatir este problema. Es por eso que las autoridades y la compañía Air-e revisaron los procedimientos legislativos para adelantar operativos que permitan mitigar este tipo de irregularidades.
En este proceso, Air-e –en acciones articuladas con la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, inspectores de Policía Metropolitana de Barranquilla y personal de la Policía Nacional– realizaron un estudio de casos y estrategias de manipulación de redes y equipos de medida, utilizadas por algunos usuarios para la apropiación del servicio de energía y reducción de su pago.
En este proceso de identificación de fraudes de esta modalidad, la empresa Air-e aseguró que 'no están escatimando esfuerzos' para combatir el flagelo y los resultados, de acuerdo con la compañía, son las casi 250 investigaciones penales que hasta la fecha se adelantan en la Fiscalía.
Este trabajo realizado entre las autoridades y ente investigador es descrito por el gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, como una labor 'fundamental' para continuar judicializando a quienes roban energía en el departamento y demás territorios del Caribe donde opera la empresa.
'Es una tarea conjunta porque el robo de energía afecta la calidad del servicio y el bolsillo de todos, por eso hay que denunciar a los delincuentes que manipulan las redes eléctricas', ratificó Castilla Andrade.
