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Ramón Alberto Rodríguez, director nacional de la Unidad para las Víctimas, en visita a EL HERALDO explicó que la entidad está en proceso de reorganizar y direccionar los recursos para cumplir con la indemnización de las víctimas, por ello con el nuevo decreto (que está en borrador) el objetivo es modular esos pagos.

Según Rodríguez, cerca de 200 mil personas se hicieron pasar por víctimas ante el Registro Único de la Unidad de Víctimas, para acceder a una reparación. Estas personas habrían incurrido en un posible fraude y por eso se empezó a evaluar su exclusión en los trámites de postulación.

De ahí comenzó una depuración exhaustiva de la base de datos. Del Registro Único de Víctimas, se ha logrado depurar cerca de 15.000 registros que presuntamente presentaban inconsistencias, de los cuales, a la fecha, se han excluido 6.177 reclamantes, que corresponde a 34.641 personas.

En el departamento de Atlántico, la Unidad ha recepcionado 104 denuncias contra fraude, dentro de las que se han detectado 25 falsas declaraciones que equivalen a 132 personas excluidas.

'La modalidad de víctimas falsas implica la existencia de falsos testimonios o declaraciones sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos victimizantes. Generalmente en esta modalidad se pretende cobrar ayudas humanitarias o indemnizaciones. En algunos casos hemos identificado redes de tramitadores que cobran porcentajes o exigen sumas de dinero para estructurar este tipo de falsedades y luego cobrar las medidas que entrega la Unidad, aun acudiendo a acciones de tutela, en las cuales igualmente hacen incurrir en error a los jueces para el reconocimiento de dichas medidas', explicó Rodríguez.

Agregó que 'esas personas se dieron cuenta que los pillamos, todos los días hacemos depuración, estamos manejando 48 bases de datos y estamos fortaleciendo para llegar a 78. Nuestra meta es seguir haciendo cruce de datos para validar la información y poder incluirlos o no'.

El funcionario recordó que desde 2012 tienen campañas antifraudes y lo que hace el personal de la oficina jurídica es hacer el seguimiento a las denuncias que les presentan día a día, iniciar los procesos de investigación y trabajar muy de la mano con la Fiscalía, la Policía y con el Ejército.