Por Sergio Ocampo Madrid
La gran particularidad del crimen contra Alfredo Correa de Andreis es que la identidad de los asesinos (casi hasta el último nivel) está totalmente establecida. Los motivos, en cambio, se desconocen. En otras palabras, se sabe quién lo mató pero no por qué.
La otra característica del caso Correa es que se constituyó en la prueba reina sobre la forma en que los paramilitares permearon e inclusive se adueñaron del manejo de instituciones del Estado, particularmente del DAS en muchas de sus instancias, incluida la nacional.
Una última singularidad es que casi todos los que directa o indirectamente tuvieron que ver con la muerte del sociólogo están presos o al menos destituidos de sus cargos.
Luego de casi un año de avanzar sin novedades, un hecho providencial sacó del letargo la investigación por el asesinato. A mediados de 2005 fue capturado por la Unidad 5 de Fiscalías Jorge Enrique Palacio Salas, representante legal de una cooperativa de vigilancia llamada Asis.
En su indagatoria, Palacio afirmó que el crimen contra Correa lo cometió Juan Carlos Rodríguez de León, alias ‘El gato’, y fue ordenado por el comandante de las autodefensas Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, y ejecutado a través de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, jefe paramilitar de Atlántico.
Juan Carlos Rodríguez y su hermano Edwin estuvieron detenidos en la cárcel de Soledad. La Fiscalía cotejó las armas que se les incautaron y estableció que efectivamente la de ‘El gato’ se usó para matar a Correa y a otros personajes, entre ellos José Fernando Castillo, candidato a la Alcaldía de Soledad.
Según el testimonio, a Correa lo ejecutaron por su investigación sobre los desplazados de Barranquilla. De acuerdo con las palabras de Palacio, el estudio enlodaba a la Red de Solidaridad Social.
Hasta ese momento, el asesinato parecía una persecución de los ‘paras’ contra un académico, dentro de la esquizofrenia que desde años atrás promulgó Carlos Castaño en su plan de exterminio de la izquierda o de todo lo que se le pareciera.
La captura de Édgar Ignacio Fierro Flórez, en marzo de 2005, y particularmente el decomiso de su computador (conocido como el computador de ‘Jorge 40’) destapó todo el escándalo de la ‘parapolítica’ y de paso mostró las relaciones directas y estrechas entre la cúpula del DAS, incluidos el director Jorge Noguera y el secretario general Gian Carlo Auque de Silvestri, con las autodefensas.
Casi simultáneo, Rafael García, ex jefe de informática del DAS en Bogotá, detenido en La Picota, empezó a declarar en esa misma vía. En dos artículos aparecidos en Semana y Cambio, García aseguró haber visto a mediados del 2004 una lista en la oficina de Jorge Noguera en la que aparecían entre otros la sindicalista Zully Codina, asesinada en Santa Marta, y el profesor Alfredo Correa de Andreis, todavía vivo.
Según consta en el expediente del primero de noviembre de 2006, García se asustó pues comprendió que era una lista de asesinatos selectivos ordenados desde Bogotá.
La metodología que se seguía era simple, de acuerdo con la versión del ex jefe de Informática: Noguera elaboraba los listados y los enviaba a ‘Jorge 40’ con Álvaro Pupo, primo del jefe ‘para’.
El CTI cotejó el libro de entradas del DAS en Bogotá y encontró por lo menos 10 visitas de Álvaro Pupo a la oficina de Noguera y también a la de Auque de Silvestri.
En la indagatoria también dice García haberse encontrado en la cárcel con Emilio Vence Zabaleta, ex director del DAS Atlántico, preso por unos supuestos falsos positivos y hoy libre y declarado inocente. Vence le habría dicho a García que su seccional no tuvo nada que ver con el complot contra Correa y que todo se orquestó desde la oficina de Cartagena, cuyo director era Rómulo Betancourt, y el jefe de Policía Judicial era Javier Valle Anaya. Preguntado por EL HERALDO, Emilio Vence negó que ese episodio hubiera ocurrido.
Para Rafael García, Javier Valle Anaya fue el encargado de recopilar las ‘pruebas’ contra el sociólogo, conseguir los testimonios y remitir todo al fiscal 33, Demóstenes Camargo. Entre los correos vinculados con el computador de ‘Jorge 40’ se menciona a un tal J. Valle de quien el jefe paramilitar dice que es mejor trasladar a su mujer a la seccional Atlántico, donde puede ser más útil.
Betancourt fue declarado insubsistente en diciembre pasado, a Valle lo ascendieron a subdirector del DAS Magdalena en 2005, y también fue declarado insubsistente a comienzos de este año.
En conversación con EL HERALDO, Betancourt aseguró ser inocente en todo este episodio. 'A mí me satanizó Andrés Peñate (quien sucedió a Jorge Noguera en la dirección nacional del DAS); todo porque yo era amigo de Noguera –dijo–. Lo único que hizo la seccional a mi cargo fue judicializar a Correa. Unos funcionarios del DAS tenían información, encontraron algunas pruebas que reforzaban el informe y se le remitió a un fiscal, quien encontró méritos y le dictó orden de captura. Mi participación consistió en darle visto bueno como director. Fui ajeno a la investigación'.
Los ‘paras’ aceptan ser los autores
En abril de este año, ‘Jorge 40’ y Édgar Ignacio Fierro Flórez, cada uno en versión libre, aceptaron la responsabilidad por la muerte de Alfredo Correa de Andreis, pero no revelaron las motivaciones.
Jorge Noguera fue vinculado a la investigación por el crimen contra Correa. El propio fiscal general, Mario Iguarán, solicitó hacerse cargo de su proceso.
Mañana, 24 de septiembre, se reinicia la diligencia contra Fierro Flórez en Barranquilla y es posible que el tema de Correa sea abordado nuevamente. Del mismo modo, el 2 de octubre es esperado ‘Jorge 40’ para ese mismo fin.
La dinámica que venía mostrando la investigación por la muerte de Alfredo Correa perdió toda su celeridad desde febrero de este año, cuando por una extraña decisión el caso fue remitido a Bogotá. Sin que tenga que ver nada con sindicalismo, el proceso fue incluido en un convenio entre el Gobierno y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca liberar a la justicia en las regiones de la presión que puedan hacer los actores armados.
Sin embargo, para el caso del sociólogo resultó contraproducente pues el abogado responsable, José Humberto Torres, lo está llevando ad honorem, y la familia no tiene para pagar desplazamientos a Bogotá. 'Sin nadie que puye la investigación ni pida resultados –dice Torres– es muy difícil que se produzcan más avances'.
