Durante la instalación del quinto Congreso Internacional en Prácticas y Justicia Restaurativa, que se lleva a cabo en Barranquilla, la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, reiteró la importancia de implementar este programa de prevención del delito y de reincidencia en adolescentes.
En su intervención, la ministra explicó que la justicia restaurativa existe en el país desde la Ley de Infancia y Adolescencia que se emitió en el 2006, pero que bajo unas nuevas consideraciones se busca implementar planes especiales de justicia juvenil para efectos que el sistema sea más eficiente. En el caso del Atlántico, la funcionaria hizo énfasis en disminuir los índices de reincidencia que según ella, son altos.
'Hay bastante reincidencia todavía, en el departamento es del 40%, es alto, por eso la necesidad de profundizar no solo en el joven que comete el delito, sino en la víctima y en su familia'.
La ministra informó que a la fecha, en el Atlántico, 700 jóvenes han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA) y que anualmente pueden ingresar hasta 1000 adolescentes.
La iniciativa ofrece una alternativa a los adolescentes en conflicto con la ley penal, implementando procesos y prácticas restaurativas especialmente en el ámbito de los conflictos escolares.
'Seguimos teniendo grandes expectativas en cuanto al beneficio para los adolescentes infractores y para las víctimas de sus delitos, pero sobre todo, en cuanto a la prevención de la delincuencia juvenil. Esta justicia se puede aplicar a la resolución de conflictos derivados de múltiples formas de violencia cotidiana', agregó la funcionaria.
La titular de este ministerio concluyó que la justicia retributiva que consta de sancionar, aplicar medida intramural y condenar, no es eficiente.
'Lógicamente debemos hacer un programa preventivo con justicia restaurativa, ayudar a que el joven reconozca el daño y pueda resarcir a la víctima'.
Las acciones del programa se adelantan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Icbf y las demás instituciones que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. También participan entidades del sector educativo y de los gobiernos departamentales y locales.
A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que en el departamento se ha puesto en marcha el programa que aporta herramientas para la solución de conflictos que involucran penalmente a jóvenes.
'Esto cambia la idea de encarcelar o penalizar a los jóvenes que cometen delitos, y nos invita a un nuevo concepto enfocado en corregir a ese muchacho que tiene un comportamiento delictivo'.
El australiano Terry O’Connell, invitado al congreso y experto en procesos restaurativos en jóvenes, dijo que desde su experiencia el castigo no sirve como solución, porque no permite que la persona aprenda las consecuencias, por el contrario, lo insta a seguir viviendo de una manera irresponsable.
El evento que se desarrolla en el Hotel Barranquilla Plaza cuenta con la participación de otros expertos internacionales de España y Reino Unido.
El Ministerio de Justicia desarrolla el Programa de Justicia Juvenil con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el respaldo financiero del programa de Reintegración y Prevención del Reclutamiento (RPR), de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Diálogo y capacitación
Los jóvenes serán protagonistas centrales del Congreso que continuará su agenda de diálogo y capacitación hasta mañana. 105 adolescentes contarán sus experiencias y presentarán el proyecto Liga R, una iniciativa del Programa de Reintegración y Prevención del Reclutamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por la Organización Internacional para las Migraciones como respuesta a la iniciativa del Ministerio de Justicia y el Icbf. Liga R está siendo implementando en siete departamentos con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. La agenda del evento se complementará con intervenciones de funcionarios del Ministerio de Justicia, el Icbf, académicos de la Universidad de Antioquia y de USAID.
