Las debilidades en el Sistema Penal Oral Acusatorio, el hacinamiento carcelario y la incidencia del microtráfico en el departamento, llevaron a las autoridades en el Atlántico a diseñar un plan, que en el futuro cercano, permita reforzar la seguridad y la justicia en esta zona del país.
Atlántico fue uno de los últimos departamentos en implementar el nuevo modelo de justicia, lo que permitió evidenciar la falta de investigadores, fiscales y jueces que han generado la acumulación de procesos del 59% interanual y de una impunidad objetiva del 50% en los casos concluidos y del 50% en los casos archivados por año.
Lo anterior da cuentas de que el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) se encuentra colapsado debido a que la comisión de delitos va en aumento, año tras año, y que la capacidad del sistema penal se ha estancado, por lo que ha llegado a su respuesta límite.
Continuamente, desde 2010, la demanda total de justicia penal se ha incrementado en un 80% y al finalizar 2018 la cifra casi se duplica, llevando a que los procesos acumulados subieran en un 111%.
El aplazamiento del 80% de las audiencias ha generado un gran número de vencimiento de términos y prescripción de la acción penal, lo cual aumenta la impunidad y la falta de confianza en el Spoa. El hurto y las lesiones personales han crecido un promedio de 30% anual desde hace 5 años y el 50% de la reincidencia se da en los delitos de hurto y porte de armas.
A los números anteriores se les suman que el 73% de la población carcelaria es menor de 40 años y el hacinamiento, a mayo de 2019, estaba en un 148%, una taza que casi triplica el promedio nacional (52%), lo que arroja un faltante de 9.000 cupos carcelarios y penitenciarios.
