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En Barranquilla, hasta la fecha hay registradas en la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público 2.138 propiedades horizontales, de las cuales 67 son comerciales y 2.071 residenciales, entre los que hay viviendas en edificios o conjuntos cerrados, donde los propietarios tienen ciertos derechos y obligaciones.

Pero vivir en este tipo de edificaciones no es tan fácil como parece. Así lo asegura Silvia Padilla, presidente de la Lonja de Propiedad Horizontal, al señalar que los residentes padecen 'más dolores de cabeza' por cuenta de sus vecinos o administradores, pues vivir en un edificio de 1.280 inmuebles, por ejemplo, es igual a vivir en un barrio.

A los inconvenientes por el ruido, el uso inadecuado de zonas comunes, daño en bien ajeno, entre otras quejas que llegan a la Lonja, ahora se suma un nuevo lío: los problemas de convivencia por 'calumnias, injurias y chismes' a través de redes sociales, especialmente en grupos de WhatsApp.

Alexandra Cruz Villalba, dueña de un apartamento en el suroccidente de la ciudad, dice que los problemas en su conjunto comenzaron cuando la administradora decidió crear un grupo de WhatsApp.

De un momento a otro, según el relato de Cruz Villalba, la administradora empezó a agregar a todos los copropietarios para 'desprestigiar' al consejo de administración, porque habían decidido no renovarle el contrato.

'Usó las redes para dañar el buen nombre del consejo y desquitarse, de alguna manera, por haber sido retirada por el incumplimiento de sus funciones', sostuvo Alexandra al indicar que no existe una ley para protegerlos de las 'malas administraciones'.

En este caso, al igual que en otras edificaciones, las redes fueron usadas para 'destruir' al consejo de administración, que es integrado por los propietarios, exponiéndolos en el grupo como 'represalia'.

'Ese chat terminó siendo usado para agredir al consejo de administración y allí hemos sido víctimas de bullying y amenazas', asegura Cruz.

Un caso similar al de Cruz lo vive David López en una propiedad horizontal en el norte de la ciudad, pues también se presenta un 'mal manejo' de la herramienta tecnológica que, según afirma, se utiliza más para difamar contra vecinos, incluso por parte de la misma administración.

Según López, WhatsApp es una herramienta mediante la cual se puede llegar un poco más rápido con la información al copropietario, acercarlos, pero en este caso ha sido un arma para jugar con la dignidad de la gente.

'Todo ser humano tiene una presunción a una inocencia, pero aquí en las redes sociales se difama y muchas veces ninguno de los encargados de dirigir la comunidad llaman la atención en el sentido de que esto no se puede hacer', dice López.

Lo que más preocupa a este copropietario es que no hay una norma que regule este tipo de situaciones, inclusive, cree que 'el poder' que tienen las administraciones dentro de la ley de propiedad horizontal es demasiado, puesto que ellos son los representantes legales y tienen la potestad 'de hacer y deshacer.

López afirma que a raíz de la creación de estos chats, muchos de los residentes en su conjunto se han enemistado. 'En menos de un año se masificó el chat que fue usado para denigrar de los propietarios y la administración lo que hizo fue incentivar esto', precisa.

HAY QUE LEGISLAR

Silvia Padilla argumenta que esta situación se presenta en el 30% de la propiedad horizontal, por ello hizo un llamado a los congresistas para que se legisle sobre este tipo de vacíos que hay en la norma con relación al manejo de las redes sociales. Considera que este tipo de situaciones pueden dañar un patrimonio intangible, como lo es la sana convivencia, al desvalorizar la copropiedad.

Detalla que algunos administradores de edificios una vez que el consejo de administración o algún órgano supervisor empieza a solicitar documentación y cualquier tipo de reclamo contable, utilizan estos medios para dividir a los copropietarios y difamar a las personas.

'Más allá del problema de la denuncia penal, se daña la sana convivencia. Los administradores casi todos son externos y dejan el edificio dividido hablando cosas personales, mentiras y engaños'.

Según Padilla, la mayoría de estos problemas se presentan en conjuntos que son de interés social y Vipa, donde los residentes no le dan un buen uso a las redes sociales. Agrega que la situación es tan complicada que se pueden presentar casos de lesiones personales por la información mal manejada .

'En estratos altos el manejo de la difamación y el chisme queda así, pero en los estratos bajos incitan a riñas y violencia, lo que uno llama conflictos del Código de Policía graves, como tirarse sillas, golpearse. Hay una señora que me dice que le da miedo salir porque cree que la van a matar', expresa.

Una propietaria, residente en un edificio ubicado en el norte de Barranquilla, argumenta que las redes sociales no son los medios para comunicarle a una copropiedad este tipo de información. Explica que la ley 675 de 2001 (Régimen de propiedad horizontal) no establece por ningún lado que el administrador puede usar las redes para comunicar y mucho menos para difamar a la gente.

El artículo 51 de la ley establece sus funciones y entre ellas están convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior, y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguros.

Santander Barraza, presidente del Colegio de Administradores, considera que las redes sociales en la propiedad horizontal bien manejadas pueden convertirse en un elemento de administración adicional.

Coincide con la presidenta de la Lonja en el sentido de que los grupos de WhatsApp mal utilizados, no solo a nivel de propiedad horizontal, sino a nivel general, se convierten en un factor negativo y pierden su real utilidad.

'Un grupo de WhatsApp bien administrado, bien utilizado dentro de una copropiedad puede constituirse en un elemento informativo, integrador y puede contribuir inclusive a la seguridad, pero mal utilizado se convierte en una caja de resonancia errada, de cosas que no son, malas interpretaciones y se pierde comunicación'.

Barraza asegura que en ocasiones se convierten en una red para ofrecimientos de servicios, temas personales y cuando tienen una diferencia con el administrador plantean allí su punto de vista y cada quien lo interpreta de manera particular, llegando incluso a la difamación.

Reconoce que se han presentado casos de copropietarios y administradores que han sido maltratados en estos grupos y en los de Facebook.

Dice que actualmente existen varias aplicaciones que se utilizan en los procesos administrativos, que facilitan la comunicación entre administradores y propietarios y sirven para presentar quejas y hacer sugerencias. 'Los grupos por WhatsApp muchas veces se han convertido en factores negativos'.