Por desacatar el fallo de una tutela emitido por el Tribunal Supremo de Santa Marta, la agente interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas Combariza, comenzó a cumplir desde el martes una sanción de 10 días de arresto que podrían ser prorrogables.
La funcionaria se presentó de manera voluntaria ante las autoridades para darle cumplimiento a la orden de arresto emitida por el Juzgado Promiscuo de Aracataca, dentro del proceso que se sigue por la demanda que interpusieron 26 pensionados de la empresa de energía eléctrica de la Costa Caribe.
A través de un comunicado de prensa, la compañía informó que Rojas Combariza acataba la decisión 'por respeto a las autoridades judiciales'.
Por estos mismos hechos, el pasado lunes fue capturado por la Policía, Juan José Sánchez Curiel, representante legal de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con la información entregada por los abogados de la empresa, Delia Medina y otros 25 pensionados reclamaron el pago correspondiente al reajuste del 15% de las mesadas, que fue pactado por convención colectiva.
Sin embargo, dicho reajuste no se habría cumplido porque —según la empresa— este derecho fue derogado.
Los accionantes no estuvieron de acuerdo con esta posición y presentaron una tutela contra la compañía, la cual fue fallada a favor de los pensionados en septiembre de 2016, cuando la empresa estaba en manos de Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy).
No obstante, cuando Electricaribe fue intervenida (el 14 de noviembre de 2016) los pagos de las obligaciones pretoma fueron suspendidos; es decir, que el cumplimiento del fallo quedó en suspenso.
'Lo complejo de este litigio es que teniendo en cuenta la resolución 2016000062785 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se suspendieron los pagos de las obligaciones pretoma en Electricaribe, por lo que se encuentra imposibilitada para pagar acreencias anteriores al 15 de noviembre de 2016, ello teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa y para mantener la prestación del servicio de energía a los 7 departamento de la Costa Atlántica', explicó la empresa.
Charles Chapman, apoderado de la empresa, dijo que no es la primera vez que se ordena un arresto por el caso de estos pensionados.
El jurista aseguró que el primer arresto por incumplimiento del fallo fue ordenado el 15 de diciembre de 2016, pero luego fue revocado tras una tutela por vía de hecho que presentó Electricaribe, con el argumento de que la tutela no es el medio para reclamar un reajuste en las pensiones. Posteriormente se profirieron decisiones similares en marzo de 2017, julio de 2018 y diciembre de 2018, las cuales finalmente fueron revocadas.
Según el jurista, la empresa Electricaribe continuará ejerciendo su derecho de defensa ante la Corte Suprema de Justicia.
Adicionalmente le solicitó a la Fiscalía revisar las 'compulsas de copias' para que se investigue a los jueces que habrían fallado de manera irregular casos similares.
