Los manejos 'inadecuados' de los recursos que provocaron la intervención de la Fundación Universitaria San Martín en el 2014 por parte del Ministerio de Educación Nacional afectaron no solo a la comunidad académica, sino a la planta de trabajadores, a los que luego de cinco años les siguen adeudando salarios.
Según las versiones que ellos mismo entregaron, se trataría de más de 100 empleados, quienes aseguran que sin ninguna explicación los desvincularon de la universidad, a algunos sin previo aviso, sin pagarles ningún tipo de prestación salarial y una gran mayoría está cesante.
'Vemos con preocupación la situación, ha pasado largo tiempo y no nos definen nada. Hay mucha gente que ha decidido perder su dinero y se ha ido a laborar a otra parte. Pero son personas que laboralmente están jóvenes. En mi caso, es más difícil, tengo 70 años', señaló Alma Hearn Ackermann, exdirectora del Centro de Idiomas.
De acuerdo con Alma Hearn, el juzgado Quinto Laboral de Barranquilla 'ordenó en el 2016 a la universidad pagar los salarios, intereses de salarios, intereses de cesantías, primas y demás prestaciones de ley', pero a dicho fallo no se le ha dado cumplimiento.
Para los extrabajadores, el Mineducación ha protegido a la institución universitaria con nuevas regulaciones y medidas de salvamento, con lo cual 'se puso en detrimento sus garantías laborales'.
'Hay compañeros enfermos esperando que se les resuelva la situación. No ha existido voluntad, ni un acercamiento del área administrativa para escuchar nuestras peticiones. Todos hemos denunciado', aseguró Alberto Carbonell Salas, quien trabajó 14 años.
Los denunciantes dicen que se hizo un contrato de reanudación de labores, en el que vincularon solo a los empleados que ganaban un salario mínimo.
'Esos contratos tenían una connotación importante, al parecer quienes firmaban renunciaban a lo que les adeudaban, con el fin de volverlos a emplear. Nosotros no aceptamos y por eso no nos llamaron. Lo que se hizo fue un atropello al grupo laboral', indicó Otto Rodríguez, exjefe de compras de la institución.
Un plan de pagos. Ante la queja de los extrabajadores, la Fundación Universitaria San Martín asegura que en el 2016 realizó un inventario de sus acreencias y diseñó un plan de pagos 'para hacer frente a todos los pasivos identificados', los cuales les permitirán hasta el 2021 cumplir con sus obligaciones.
Sobre las deudas generadas en la anterior administración y que corresponden a los pagos de prestaciones sociales, entre 1990 y 2014, señalan que se encuentran dentro de su plan de pagos.
La Fundación también manifestó que una de las medidas preventivas que el Ministerio de Educación Nacional les impuso se denomina 'institutos de salvamento', lo que permite legalmente aplazar el pago de los pasivos generados entre 1990 y 2014.
La idea, según lo señala la institución universitaria, es caracterizar, priorizar sus acreedores y realizar acuerdos de pago basados en la medida del Ministerio.
Recuperarse institucionalmente, lograr una estabilización y volver a ser sostenibles para cumplir con sus compromisos.
'Estamos a la espera de resultados positivos de los procesos en la Fiscalía, que, si derivan en la reparación de la institución, permitirán un pago anticipado de los pasivos', aseguró la Fundación San Martín.
Luego del levantamiento en el 2017 de algunas de las medidas preventivas impuestas por el Ministerio de Educación, la universidad asegura que ha iniciado exitosamente 'el proceso de validación de condiciones de calidad y la recuperación de sus registros calificados'.
