Han pasado ocho años, desde que en Colombia entró en vigencia la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Una jurisprudencia que construyó una política para dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985.
Hasta hoy, esa misma ley ha hecho posible la reparación integral de 986.961 personas con la medida de compensación económica. Sin embargo, parece que los procesos no avanzaran, teniendo en cuenta que en el Registro Único de Víctimas (RUV) hay 8.816.304 personas.
Lo anterior evidencia que faltan 7.829.343; es decir, solo se han reparado alrededor de un 11%.
EL HERALDO dialogó con dos personas declaradas víctimas, una de ellas sigue a la espera de su reparación, después de 20 años; la otra, luego de cinco años, recibió la compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. (Ver recuadro).
Desde 2012, cuando entró en vigencia la ley, se han invertido $11 billones en todas las medidas de la reparación integral, de los cuales $6.1 billones corresponden a indemnizaciones por reparación individual.
El panorama en el Atlántico, aunque poco alentador, revela en sus registros que hay 166.595 víctimas que residen en este territorio, de las cuales 16.887 han sido indemnizadas, lo que equivale al 10% de esta población, según las cifras entregadas por la Unidad de Víctimas en Atlántico.
Asimismo, se informó que la inversión general de $125.781 millones corresponde a los hechos victimizantes; es decir, que una misma persona ha podido ser indemnizada por dos o más casos de violencia.
Ante esto, el director territorial en Atlántico de la Unidad para las Víctimas, Alfredo Palencia, señaló que la tardanza en la entrega de las indemnizaciones obedece a la falta de recursos.
'Cuando se estipuló la ley se hizo pensando en menos de 4 millones de víctimas y hoy estamos por encima de los 8 millones'. El directivo explica que el incremento en el número de personas ha ocasionado 'un desfase' en el sistema de reparación.
'Eso se suma a que la Corte Constitucional incluyó el tema de desplazamiento en las indemnizaciones, todo eso ocasiona el desfase', dijo Palencia.
Después de Barranquilla que registra 148.634 casos, Soledad se convierte en el municipio con más recepción de víctimas con 49.321.
Otros municipios, como Malambo y Santo Tomás, registran 11.051 y 4.689 respectivamente.
El desplazamiento, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, homicidio y amenaza son los hechos victimizantes que prevalecen en las víctimas que habitan en Atlántico.
No todas se indemnizan. 'No todas las víctimas son susceptibles de indemnización', señaló Palencia al hacer referencia a que existen hechos que las personas han declarado y que no dan méritos para recibir indemnización.
Detalló que en la Unidad para las Víctimas trabajan en la depuración de la base de datos para saber quienes sí tienen el derecho de recibir compensación económica.
La Ley 1448 de 2011 enfatiza en que hechos como: amenaza, acto terrorista, atentado, combate y hostigamiento, si no causó ningún tipo de afectación o lesión personal, aunque la persona sea testigo del hecho, no recibirá indemnización.
Een la región
En Bolívar hay 323.145 víctimas de las cuales 278.375 han recibido algún tipo de atención; es decir, han accedido a algún tipo de ayuda humanitaria, programas de salud, educación o indemnización.
En el Cesar hay un reporte de 328.458 víctimas residentes, de estas 94.403 son sujetos de atención.
En el caso de Córdoba las víctimas que residen en este departamento son 293.282 y han recibido algún tipo de ayuda 265.786 personas.
Entre tanto, en La Guajira hay un reporte de 129.240 víctimas, de las cuales 114.240 son sujetos de atención. Magdalena registra 313.285 víctimas y 275.442 de ellas han recibido atención.
Y por último, en Sucre son 260.156 víctimas las que residen en esta zona y 230.529 reciben atención. Las cifras corresponden a la Red Nacional de Información-Unidad para las Víctimas.
Prórroga de la ley
Una posible prórroga de la Ley de Víctimas, cuya vigencia vence en 2021 se planteó a propósito de los 8 años que cumplió esta jurisprudencia el pasado 10 de junio.
'A nivel nacional hubo un pronunciamiento para proyectar la ley a 10 años más, es decir que el Estado no tiene el interés de dejar en el aire a aquellas personas que no se les ha pagado, la idea es que se le pague a todos los que tienen derecho a la reparación', expresó Palencia.
De acuerdo con el directivo, el nuevo proyecto de ley le apuntaría a extender el proceso de restitución y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto, con el fin de 'cumplir con el modelo de reparación integral y en especial con el tema de la indemnización'.
Precisamente, en el Plan de Desarrollo se plantea el 'Pacto por la Construcción de Paz Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas', con el que se pretende crear estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la política pública de víctima, entre esas una eventual prórroga de la ley.
