Un nuevo capítulo se escribe en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia (PBOT): la Procuraduría General de la Nación entró a actuar en este caso.
El Ministerio Público investiga el proceso administrativo que se cumplió para definir la norma urbanística del municipio, con el fin de determinar si se cometió alguna irregularidad en la aprobación del documento.
Uno de los miembros de la Veeduría Ciudadana de Puerto Colombia señala que la Procuraduría también busca que la Gobernación certifique si el acuerdo municipal que acoge el PBOT 'pasó a revisión jurídica ante la Administración departamental'.
Dependiendo de los resultados de la investigación se podrían vincular al caso a nuevos actores y coadyuvar la denuncia penal por los presuntos hechos anómalos en los que se habrían incurrido en el diseño del PBOT.
La Alcaldía de Puerto Colombia, a través de su Secretaría de Desarrollo Territorial, indica que está aportando las pruebas y papeles solicitados por la Procuraduría, lo mismo que la documentación relacionada con un caso que EL HERALDO publicó el pasado 17 de marzo y que hace referencia a un proyecto inmobiliario que se construiría en una zona considerada como inundable por la CRA, pero que el PBOT la define como de expansión urbanística.
'La Procuraduría nos ha solicitado los documentos del trámite del plan parcial de ese proyecto, lo que se entregó a la CRA, asimismo otros documentos y radicados que reposaban en la oficina, y que tienen relación con el tema', indica Gilberto Sarmiento, secretario de Desarrollo Territorial.
En el momento que se contactó al funcionario para preguntarle por la investigación de la Procuraduría este señaló que estaba camino a las oficinas del órgano de control para entregar lo que el ente había requerido.
El secretario dice que desconocía si la Gobernación había aprobado el PBOT, porque en ese momento él no ocupaba el cargo, pero que imaginaba que su antecesor sí lo había hecho.
EL HERALDO intentó hablar con el coordinador de procuradores, quien estuvo dispuesto a explicar el caso, pero finalmente no pudo atender la cita.
La Fiscalía
Paralelamente, la Fiscalía también investiga a funcionarios de Puerto Colombia por presuntas irregularidades en el proceso de revisión ordinaria del PBOT y por la modificación excepcional aprobada mediante Acuerdo del Concejo municipal.
Son tres inspecciones las que el ente investigador ha realizado en la sede de la Alcaldía para solicitar los planes parciales y las licencias de construcción que se han entregado con el amparo del PBOT, con el fin de establecer si se ha beneficiado a terceros con los cambios del uso del suelo, 'sin tener en cuenta ni siquiera las zonas de reserva ambiental', según ha manifestado el abogado demandante Óscar Hernández Rugeles.
Precisamente el jueves pasado Hernández Rugeles fue citado en la sede de la Fiscalía en Bogotá para presentar más pruebas que aporten al proceso, que —según él— avanza satisfactoriamente.
'Los 18 concejales de Puerto ya tienen arraigo con la Fiscalía, inclusive tienen un abogado que los representará. La Fiscalía va adelantada con los trámites y hay una firma constructora importante que también ha sido vinculada al proceso', sostiene el abogado.
Sobre este tema, el secretario de Desarrollo Territorial de Puerto afirma que todo lo que ha requerido la Fiscalía se ha entregado por parte de su oficina y que tiene la disposición para continuar haciéndolo.
El caso
El Tribunal Administrativo del Atlántico, en una sentencia del 7 de diciembre de 2017, declaró inválida la revisión excepcional de la norma urbanística, por no cumplir con las socializaciones y no realizar los estudios previos, entre otras consideraciones.
Dentro de las reformas cuestionadas y declaradas inválidas y que contempla el Acuerdo N° 002 de marzo de 2017, está el uso del suelo en áreas aledañas al Lago del Cisne y al Club Lagos de Caujaral, permitiendo la construcción de edificios con una altura superior a los 20 pisos.
Igualmente, el incremento de la densidad habitacional en sectores cercanos a Villa Campestre, pasando de 4 a 240 viviendas por hectárea neta urbanizable, una cifra equivalente al 50% de Barranquilla.
El fallo también sanciona que la administración municipal no haya tenido en cuenta la participación democrática al no solicitar opiniones de los gremios económicos y agremiaciones profesionales. Asegura que tampoco se realizaron convocatorias públicas necesarias, ni cumplieron con las respectivas etapas de concertación.
La Veeduría Ciudadana de Puerto dice que las reformas hechas al PBOT dan vía libre a la expansión urbanística en zonas donde antes no se contemplaba por ser 'zonas protegidas'.
A pesar de esto, el 13 de diciembre el alcalde Mantilla sancionó la norma urbanística por medio del decreto 013 de 2017.
'Seguimos atentos a un nuevo pronunciamiento del Consejo de Estado, no sabemos si están haciendo alguno o si lo piensa hacer', dice una fuente vinculada la investigación.
La polémica
Pese a la polémica y los cuestionamientos el PBOT de Puerto se sigue aplicando en el municipio, según han declarado fuentes a este medio.
EL HERALDO desde el 2016 ha publicado informes sobre los impactos que tendría el PBOT, basado en conceptos de implicados, expertos urbanistas, funcionarios públicos y habitantes del municipio.
Fuentes cercanas al proceso indican que la más reciente publicación de EL HERALDO llevó a la Procuraduría a asumir de oficio la investigación sobre el proyecto de expansión urbanística que se pretende construir en el municipio y que representa, según un estudio de concertación ambiental de la CRA un alto peligro de inundación por encontrarse en uno de los brazos del arroyo León.
Con toda esta situación algunos habitantes de Puerto representados en la veeduría esperan que finalmente el proceso no se dilate, sino que, por el contrario, se resuelva rápidamente.
