Desde hace tres años vienen funcionando los Fondos de Desarrollo Local en cada una de las localidades del Distrito: Suroccidente, Suroriente, Metropolitana, Norte-Centro Histórico y Riomar); sin embargo, aun no reciben el 10% de los ingresos corrientes de libre destinación, tal como lo ordena la Ley 617 de 2013.
De acuerdo con la normatividad, los fondos locales deben tener un patrimonio autónomo y personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el alcalde local. No obstante, actualmente las inversiones continúan realizándose desde el nivel central y los recursos que reciben ($10 mil millones) solo alcanzan para atender los gastos de funcionamiento.
Hasta ahora no reciben inversión para las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de estas localidades; es decir, que los alcaldes locales no son ordenadores del gasto y no manejan los presupuestos.
'Los alcaldes locales no pueden ejecutar sus planes de desarrollo, construidos en cabildos locales con la comunidad, implementar planes, programas y proyectos encaminados a resolver las necesidades de la gente', dijo Edgardo Gómez, edil de la localidad Norte Centro-Histórico.
La Ley 1617 establece que la Secretaría de Hacienda debe comunicar y distribuir las transferencias correspondientes a cada Fondo de Desarrollo Local, según los índices de distribución presupuestal que anualmente establece, pero Hacienda 'no ha comunicado' a los alcaldes cuáles son esas transferencias y estos a su vez tampoco han presentado a las Juntas Administradoras Locales (JAL) los proyectos de presupuesto local.
Los expertos
Pero ¿qué tanto se ha avanzado en este proceso? En opinión del politólogo Ángel Tuirán, ningún proceso de traslado de poder es fácil y rápido, por lo que se puede decir que se ha avanzado en la medida de que hoy las Alcaldías Locales y las JAL cuentan con un espacio físico para cumplir sus funciones y atender a los ciudadanos. Sin embargo, no cuentan con los Fondos necesarios para cumplir con las competencias que les fueron otorgadas en la Ley de Distritos, en ese sentido, este proceso está aún estancado, advierte.
Diógenes Rosero Durango, director de la Corporación Foro Costa Atlántica, dice que han pasado varios años desde que se expidió la Ley de Distritos y es 'poco lo que se ha avanzado'.
Argumenta que si bien hay unos adelantos en temas formales, teniendo en cuenta que se aprobó bajo un Acuerdo Distrital en el Concejo la regulación de los Fondos de Desarrollo Local, en la realidad, 'no funcionan de la manera que deberían'.
Para Diógenes Rosero, la descentralización es un modelo que va evolucionando con sus problemas y aciertos, y cree que se ha profundizado en casos como el de Bogotá e incluso el de Cartagena que va más avanzados que Barranquilla.
La norma
La ley establece que a las localidades se les asignará no menos del 10% de los ingresos corrientes de libre destinación del presupuesto de la administración central del Distrito, pero según Rosero, están utilizando estos recursos para la construcción de la infraestructura de las localidades.
Es de anotar, que el presupuesto para la construcción de las sedes fue aprobado con recursos de vigencias futuras: $7.300 millones, pero a la fecha han construido dos: Suroriente y Metropolitana.
Para la vigencia 2019, la proyección de los ingresos corrientes de libre destinación en el Distrito es de $984.436 millones, lo que quiere decir que el 10% corresponde a $98.443 millones, recursos que serían divididos entre las cinco localidades, de acuerdo con el índice de necesidades básicas insatisfechas.
Margarita Zaher, ex secretaria de Planeación del Distrito, argumenta que para determinar el índice de pobreza y necesidades en cada localidad, teniendo en cuenta la población, esta dependencia tomó las cifras del Dane, como principal la fuente, del Centro de Estudios Regionales del Banco de la República y de la propia secretaría.
Ese estudio, agrega Zaher, también tiene en cuenta que en los últimos ocho años el Distrito de Barranquilla ha disminuido el índice de pobreza de 39 a 27 puntos.
Pago de sesiones
Emelith Barraza, secretaria de Hacienda del Distrito señala que el decreto 2388 de 2015 estipula una fórmula de cómo se liquidan los ingresos para destinarlos a dicho fondos. El modelo analiza el nivel de pobreza de cada una de las localidades y el nivel de necesidades básicas insatisfechas.
Barraza defiende lo realizado por el Distrito y asevera que el Plan de Desarrollo se construyó en conjunto con los alcaldes locales y ediles y fue un plan socializado y aprobado por ellos. 'En ese plan se establecieron cuáles serían las inversiones de 2016 a 2019', asegura.
La funcionaria explica que en el decreto reza que para hacer las transferencias a los fondos locales se tienen en cuenta los ingresos corrientes de libre destinación, menos las inversiones realizadas en cada localidad y para eso hoy están quedando aproximadamente $10 mil millones, 'que los ediles se gastan en funcionamiento'.
'Haciendo un análisis comparativo entre los honorarios de los concejos y los honorarios de los ediles, encontramos que los ediles sesionan más que los concejales', dice Barraza al señalar que el dinero que se gastan en funcionamiento lo están 'absorbiendo' en sesiones y no en adecuaciones de sus instalaciones.
Los alcaldes de las localidades Suroccidente, Deivis Cáceres; Suroriente, Ariel Camargo, y de la Metropolitana, Ronald Gordillo, coinciden en que los fondos están reglamentados para los gastos de administración y de honorarios de los ediles, y que es el Distrito quien ejecuta, a través de su nivel central, las obras requeridas.
Sostienen que se viene impulsando la descentralización, pero hay unos temas que se deben coordinar con la Alcaldía.
La descentralización en Cartagena
Carolina Calderón Guillot, directora ejecutiva de Funcicar, explica que la descentralización en Cartagena inicia con el acuerdo 006 del 27 de febrero de 2003, cuando se delimita formalmente la territorialidad de las localidades del distrito de Cartagena de Indias (Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía). Desde entonces ha habido una serie de cambios de la arquitectura institucional del distrito de Cartagena, que incluyen: La creación a nivel presupuestal de los fondos de desarrollo locales, la descentralización de la participación ciudadana y el desarrollo de la planeación local. Calderón explica que Cartagena ha tenido 11 alcaldes en 7 años, de los cuales 7 han sido designados por la Presidencia de la República en calidad de encargados, 'en el año 2018 tuvimos 4 alcaldes; desde el 2016 hemos tenido 115 cambios en el gabinete'. El control político también está debilitado pues de 19 concejales, la mitad están inhabilitados para sesionar debido a investigaciones. En su opinión, esta crisis institucional ha afectado la gobernabilidad, pero a la vez ha influido para activar la sociedad civil organizada y otros sectores.
Sin embargo, pese a que tienen más de 15 años con descentralización administrativa, la ciudadanía aún desconoce la incidencia de espacios como las alcaldías locales, los consejos locales de Planeación y unidades comuneras de gobierno. Persisten vacíos normativos que dificultan su fortalecimiento (funcionamiento, logística) y capacidad para un impacto sostenido.
Los porcentajes de financiación de los fondos de desarrollo local están muy por debajo del límite máximo permitido, y a la hora de definirse su gasto no se hace a través de un presupuesto participativo, sino queda en manos de las Juntas Administradoras Locales (JAL). La ejecución de las propuestas de inversión contenidas en los planes de desarrollo local se ven supeditadas a la voluntad política del Alcalde Mayor y el Concejo Distrital, quienes, en últimas, definen el tamaño anual de los Fondos de Desarrollo Local.
Ceder el poder
En opinión de Ángel Tuirán, politólogo de la Universidad del Norte, la descentralización en cualquiera de sus niveles, implica ceder poder y es una apuesta en ese sentido. 'Muestra de esto, es la obligación legal que tiene la administración central del distrito, de enviar el 10% de los ingresos corrientes del presupuesto a las localidades, para que con estos recursos se financien, además de los gastos de funcionamiento, la prestación de servicios y la construcción de las obras de competencia de las JAL; es decir, es un proceso de entrega o traslado de poder'.
En últimas, dice Tuirán estamos frente al 'incumplimiento de un mandato legal y una resistencia de la administración central, de apostarle a un proceso de transferencia de competencias y funciones hacia las localidades y sus autoridades, sin que conozcamos aún qué razones motivan esta decisión'.
