El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó varias medidas cautelares dentro de la acción popular que fue presentada por Carlos Caicedo ante este operador judicial.
En un documento de 40 páginas y con ponencia del magistrado César Augusto Torres Ormanza, el Tribunal ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe programe, establezca y evacúe dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados, en los cuales Electricaribe presta sus servicios.
Esta medida cautelar tiene como finalidad que se realicen audiencias de socialización en toda la Región Caribe.
En el texto de la providencia proferida el pasado 18 de enero de 2019 y, notificada por correo electrónico el 12 de febrero del presente año, señala que las audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora, en este caso Carlos Caicedo, quien interpuso una acción popular con la que se busca frenar la privatización de empresa de energía y el aumento de las tarifas.
La providencia fija, además, que los dos meses de concertación en cada departamento 'se harán, como mínimo, dentro de un mes'.
Indica, igualmente, que la Procuraduría será 'la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento'. Los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, según lo ordenado por el Tribunal, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio.
Con las medidas cautelares también se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación, en cada uno de los departamentos afectados, para que en desarrollo de las mismas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg y todas las parte implicadas.
La acción popular fue presentada por Carlos Caicedo, con el respaldo de cerca de unas mil organizaciones sociales, comunales, sindicales y comerciales de los departamentos de la Región Caribe, justo después de que el Ministro de Hacienda manifestara que, con respecto a la compañía electrificadora, 'habría que tomar acciones', referentes al incremento del valor a plasmarse en las facturas, lo que afectaría el bolsillo de los gremios y casi todos los habitantes de la Costa Caribe.
