La empresa Cementos Argos S.A. quedó obligada a pagar el impuesto de avisos y tableros, como complementario del impuesto de Industria y Comercio, de acuerdo con una decisión del Consejo de Estado que favoreció al Distrito de Barranquilla.
El Consejo de Estado falló a favor del Distrito una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se originó por una demanda de Cementos Argos.
'Dentro de las competencias de control tributario y fiscalización del impuesto de industria y comercio, el Distrito de Barranquilla en el año 2011 profirió una liquidación oficial a Cementos Argos sobre la no liquidación del impuesto de avisos y tableros que debió liquidarse como complementario del impuesto de industria y comercio', explicó el gerente de Gestión de Ingresos Fidel Castaño Duque.
El argumento que esgrimía Cementos Argos era que se estaba violando el derecho al debido proceso, que el Distrito estaba cobrando un impuesto del cual esa empresa no era sujeto pasivo, por considerar que los avisos en vallas, ferreterías, camiones, etc. no eran de la empresa y no se les debía cobrar ese tributo.
'El Distrito siempre argumentó que ese impuesto complementario de avisos y tableros corresponde a una publicidad que se hace por el ejercicio de la actividad industrial comercial o de servicios', agregó Castaño.
El proceso, que venía desde 2011, llegó al Consejo de Estado y este tribunal falló en sentencia que ya fue notificada, dándole la razón al Distrito, diciendo que Cementos Argos debió liquidarse como sujeto pasivo del impuesto de avisos y tableros y debe cumplir con las obligaciones tributarias como está legalmente establecido.
'Ya no hay ninguna apelación ni reclamación por parte de Cementos Argos y pondremos esta decisión en conocimiento de los jueces competentes para que la tengan en cuenta en otros procesos que se estén adelantando por parte del Distrito contra contribuyentes que se encuentren en las mismas circunstancias', indicó el funcionario.
Por este caso, correspondiente al año gravable 2009, el impuesto omitido asciende a 240 millones de pesos y al cual se le impuso una sanción por inexactitud del 160%, que el Consejo de Estado redujo por favorabilidad al 100%, lo que significan otros 240 millones de pesos que, sumados a los intereses correspondientes desde esa fecha hasta el momento en que se haga efectivo el pago, llegarían alrededor de 500 millones de pesos, lo que quiere decir que por este caso la cifra a pagar podría estar por encima de 1.000 millones de pesos, informó el gerente de Gestión de Ingresos.
