Al ser requeridos por las autoridades penales y disciplinarias ante el escándalo de la Operación Lezo, para que mostraran los soportes del contrato de asistencia técnica que permitió que desde el año 2000 hasta 2017 Triple A le pagara a Inassa $237 mil millones por actividades que según las autoridades no se cumplieron, los directivos de Inassa y Triple A entregaron documentos en los que se registran viajes, reuniones, afiliaciones a páginas de empleo y hasta asistencias a congresos de Andesco que, para la Procuraduría, no constituyen pruebas de la ejecución del contrato sino actividades ordinarias en la dinámica de una empresa de servicios públicos.
EL HERALDO conoció el fallo de 159 páginas, fechado el 13 de noviembre pasado y leído el pasado martes durante casi 10 horas por parte del procurador primero delegado para la Contratación Estatal, Camilo Orrego Morales y la procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Carmen González.
En la decisión se sanciona al ex gerente de la Triple A Ramón Navarro Pereira con una inhabilidad de 12 años y una multa de $33.332 millones, y a su sucesora en la gerencia de la empresa, Julia Margarita Serrano Monsalvo, con inhabilidad de seis años y multa de $2.140 millones.
