La APP del río Magdalena ha tenido tantos capítulos como si fuese la hitoria de una típica telenovela. Pero a diferencia de esta, el proyecto con el que el Gobierno pretende recuperar la navegabilidad por esta arteria fluvial aún no ha tenido un final feliz.
Al menos en los últimos cuatro años, el proceso para poder reactivar el transporte de carga a través del Río ha estado lleno de demoras, dilaciones, frustraciones, decepciones y reversas, que han ocasionado que hoy en día sea una incógnita si al fin se llevará a cabo o no.
EL HERALDO realizó una recopilación de los episodios más trascendentales dentro del proceso, que empezó en 2014 con la adjudicación del contrato al consorcio Navelena y que tuvo, hasta el momento, su último episodio el pasado 10 de septiembre, cuando la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que la APP se retrasaría ocho meses más, debido a la ausencia de una licencia ambiental, que consideró 'vital' para que el proceso se pudiera ejecutar.
Navelena, esperanza y desilusión
El 15 de agosto de 2014, el Gobierno Nacional, a través de Cormagdalena, adjudicó al consorcio Navelena el contrato de Asociación Público Privada (APP) con la que se garantizaría que el principal río del país fuera navegable a lo largo de 908 kilómetros.
La noticia fue celebrada por los diferentes sectores productivos del país, que a pesar de que aseguraron en su momento que faltaban detalles en la estructuración del proyecto, lo consideraron como un punto de partida para reactivar el transporte de carga fluvial en Colombia.
El 'sueño' se materializó en diciembre de 2011 de ese mismo año, cuando Cormagdalena y Navelena firmaron el acta de inicio del contrato.
Augusto García, quien estuvo a cargo de la dirección de Cormagdalena y el encargado de estructural todo el proyecto de recuperación de la navegabilidad, aseguró el proyecto fue 'bien adjudicado'
'Fue un proyecto bien adjudicado, en el que participaron doce grupos empresariales y se le adjudicó a la segunda o tercera compañía más importante en el mundo en ese momento', sostuvo García en declaraciones a este medio.
No obstante, Navelena pasó de la esperanza a la desilusión, a pesar de que en abril de 2015 se alcanzó a firmar la interventoría del contrato y en septiembre de ese mismo año entregó los estudios y diseños del proyecto, que fueron aprobados por el Gobierno Nacional.
Continuando con los capítulos de la novela, el 2016 fue trascendental para que el proyecto se viniera a pique. A pesar de que Navelena entregó la documentación para acreditar el cierre financiero del contrato, este nunca fue aprobado por el Gobierno, quien en junio de ese año multó a la compañía que resultó envuelta en el escándalo de corrupción de Odebretch, su mayor accionista.
Desde ese momento, comenzó la puja del Estado para caducar el contrato con Navelena, debido al incumplimiento del cierre financiero del contrato. A esto se sumó la presión de los empresarios portuarios y de transporte fluvial que resultaron perjudicados por la falta de dragado en el río Magdalena.
2017, un capítulo para el olvido
El 2017 fue un año desconcertante para la APP, durante el que estuvo estancada por el proceso de caducidad en que entró el contrato con Navelena por parte de Cormagdalena, cuya dirección estaba en ese entonces en manos de Luis Fernando Andrade.
Expertos portuarios y gremios del sector aseguraron que fue un año 'malo' para el canal de acceso al puerto de Barranquilla, que enfrentó constantes restricciones, bajos calados históricos y a la intriga de saber si los barcos que traían carga a la ciudad iban a poder atracar en los muelles locales o tenían que ser desviados a puertos de las ciudades vecinas.
Fue el mismo sector portuario y las autoridades locales, que a través de dos declaratorias de calamidad pública, le pedían a gritos al Gobierno que no dilatara más el proyecto o, en su defecto, dejara la draga de manera permanente en la ciudad. Draga que ingresó y salió de manera constante a aguas barranquilleras, llevándose miles de millones de pesos para poder dragar, de manera temporal, la zona portuaria.
La situación fue tan crítica, que incluso la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla contempló la posibilidad de demandar a Cormagdalena por los perjuicios económicos causados, debido a las 350.000 toneladas de carga que no pudieron ingresar a la ciudad. Carga que es utilizada en un 60% por los comerciantes e industriales locales.
A finales de 2017, Cormagdalena bajo la dirección de Alfredo Varela, liquida el contrato con Navelena y comienza, mientras ajusta la estructuración de un nuevo proyecto de APP (Asociación Público Privada para ejecución de la obra).
La historia continúa en 2018
El 2018 comenzó con la misma 'desazón' para los portuarios, aunque el Gobierno Nacional anunció que dentro de la nueva estructuración de la APP se incluirían las peticiones que ellos realizaron para mejorar la navegación por el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.
Incluso el optimismo en torno al proyecto aumentó, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció en marzo, durante una visita a Barranquilla, que el proyecto sí se iba a ejecutar durante su mandato.
Optimismo que duró muy poco, debido a que el mismo Santos informó dos meses después que, debido al valor total del proyecto ($2,5 billones) y al compromiso de las vigencias futuras, tendría que ser aprobado por el nuevo Gobierno.
Esta decisión fue reprochada por las autoridades y el sector portuario de la ciudad, quienes tildaron de mentiroso a Santos, debido a que el Ministerio de Hacienda dentro de las reuniones del Consejo Nacional de Política Fiscal, no incluyó dentro de su agenda la APP del Río, sin importar que el Departamento Nacional de Planeación autorizara las vigencias futuras para su ejecución.
El capítulo final de la historia, hasta el momento, lo puso hace pocos días la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien dio reversa al proyecto por la 'dudosa' estructuración y por no contar con las licencias ambientales.
Esta decisión fue controvertida por expertos y por la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que afirmó que solo era necesario que el proyecto tuviera una Guía de Manejo Ambiental, tal como lo estipulan las leyes.
Inseguridad jurídica
El director ejecutivo de Asoportuaria, Alfredo Carbonell, resumió la APP en dos palabras: 'inseguridad jurídica' y cuestionó que al sector portuario se le hayan cambiado las reglas del juego en diferentes oportunidades.
'Así es muy difícil que haya crecimiento y desarrollo económico. Los inversionistas hacen sus apuestas contando que el Estado cumpla con su parte y lo haga de una manera adecuada, pero lo que hemos sufrido durante los últimos años son constantes cambios en el Gobierno', sostuvo el dirigente gremial.
Carbonell también cuestionó que hayan existido diferentes directores de Cormagdalena y que haya muchas entidades que influyen en las decisiones relacionadas con el río Magdalena.
Entretanto, el presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, René Puche, señaló que el proyecto es 'muy complejo', que incluye obras diversas que implican un riesgo a lo largo de los 908 kilómetros cobijados con la APP.
'Yo no creo que el proyecto se haya caído por el escándalo de corrupción de Odebretch, sino por el cierre financiero, que si se hubiera dado, se hubieran encontrado firmas interesadas en quedarse con ese contrato', indicó.
Puche fue enfático al indicar que la situación del canal de acceso no se puede ligar a la APP del Río, ya que es responsabilidad del Estado, a través de la Ley Primera de 1991, que se garantice la navegabilidad en las zonas portuarias. 'Hay que dejar claro que salga o no salga la APP se deben garantizar los dragados y se debe garantizar que las embarcaciones puedan ingresar a la zona portuaria de la ciudad.
¿Cartel del dragado?
El presidente de la Junta Directiva de Fitac, Carlos González, instó al Gobierno a que involucre a la Procuraduría y a la Fiscalía en el proceso, debido al 'gran interés histórico' para que la APP del río Magdalena no se lleve a cabo.
'En cualquier parte del mundo el transporte fluvial es el más económico, no me cabe en la cabeza que después de tanto tiempo el proceso no se haya realizado. ¿Quién está presionando para que no salga?, ¿hay un cartel? Es una impresión mía', indicó González.
Asimismo, el dirigente del sector logístico aseguró que deben haber sanciones disciplinarias a quienes que, dentro del Gobierno, han dejado de ejercer sus funciones para que el proyecto no sea todavía una realidad.
