Durante la sesión plenaria de ayer, el Concejo Distrital de Barranquilla instaló oficialmente un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en la Corporación.
La convocatoria fue realizada por el alcalde Alejandro Char, a través del Decreto 0258, en donde pidió que se citara un nuevo periodo de debates para que se discutieran cuatro Acuerdos que consideró 'de vital importancia' para el desarrollo de su plan de Gobierno.
Entre los proyectos a debatir se encuentra entregar facultades al mandatario Char para que comprometa vigencias futuras ordinarias, a fin de construir el complejo deportivo Villa Tivoli, que estará ubicado en la localidad de Riomar.
De igual forma, en uno de los Acuerdos se debatirá la declaración de del Gran Malecón y la Avenida del Río, desde Siape hasta la isla de La Loma, como recurso turístico en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Otra de las iniciativas que estará en la agenda del periodo de sesiones extraordinarias, será la autorización al Distrito para enajenar, a título gratuito, elementos de equipamiento, operatividad y sostenibilidad a la Policía Nacional para el desempeño de sus funciones misionales, con el fin de fortalecer la vigilancia y control en la ciudad.
El último proyecto que debatirán los concejales será la adopción del Plan Decenal de Educación del Distrito 2018-2028. Al respecto, el cabildante José Trocha realizó una proposición para solicitarle a la Secretaría de Educación que entregue la información mediante la cual se hizo el proceso de construcción del proyecto. 'La naturaleza jurídica de la iniciativa nos obliga a que la fuente sea más importante que el mismo plan', explicó Trocha.
Electricaribe
Cuestionamientos
El presidente del Concejo, Óscar David Galán, se refirió a la polémica por las tarifas de Electricaribe. 'El Ministro empezó con pie izquierdo, espero que el resto del gobierno y el Ministerio de Minas se refieran en esa materia, porque me parece insensato lo planteado', manifestó. El concejal Ignacio Carbó también manifestó que la medida afectaría de manera 'considerable' a los usuarios, a quienes les correspondería asumir el costo de 'la falta de regulación' por parte de las autoridades nacionales y además sería un 'golpe' a la competitividad de la ciudad.
