En la acción popular que acaba de admitir el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría pide que Inassa reintegre al Distrito de Barranquilla la suma de $34 mil millones.
Esta cantidad, según el cálculo del Ministerio Público, es lo que habría dejado de recibir la ciudad en utilidades, teniendo en cuenta su participación del 14,5% de las acciones en la Triple A, luego del pago 'no debido' de $237 mil 836 millones por parte de la empresa de acueducto a la española a raíz del contrato de asistencia técnica que, de acuerdo con la demanda, nunca se ejecutó.
El ente de control explica que recurre a la acción popular una vez agotadas todas las instancias y al ver que, no obstante, la Triple A no le pone fin al contrato y la Superintendencia de Servicios 'no impide que la Triple A e Inassa hayan vulnerado los principios de libertad de competencia, uso abusivo de la posición dominante ni hacen prevalecer el interés general sobre el privado'.
La solicitud
Lo que se solicita en la demanda, conocida por EL HERALDO, es, en primera medida, dejar sin efectos el contrato de asistencia técnica y que se ordene la devolución por parte de Inassa de los dineros pagados ($237 mil 836 millones), actualizados con intereses corrientes comerciales y la reliquidación de las utilidades a favor del Distrito, que suman en total $34.486 millones.
Además, se pide que se ordene a la Triple A procurar que se devuelvan los dineros 'apropiados indebidamente por los funcionarios investigados' y que se ordene a la Super que tome medidas de control sobre la empresa y que eviten que sigan los 'hechos irregulares'.
Citados
También solicita el Ministerio Público que se cite 'para que declaren sobre los alcances y ejecución del contrato', al procurador para la Contratación Estatal, Camilo Orrego, con el fin de que explique la demanda; a Yadira Hernández, directora de Planeación Financiera de Triple A; Frederich Vence, director de Contabilidad de Triple A y Miguel Isaza, director de Sistemas encargado de Triple A.
Embargos a Inassa
Igualmente, el ente de control pide que se ordene el embargo y secuestro de las acciones de Inassa en la Triple A y en general el embargo y secuestro de la participación accionaria, derechos, rentas y bienes de Inassa en Colombia y el exterior. Así como el embargo y secuestro de las utilidades que la empresa deba percibir en la Triple A.
Y concluyen los autores de la acción popular, los procuradores de Asuntos Administrativos, Welfran Mendoza, Javier Lizcano, Juan Spirko y Natalia Ordóñez: 'sería más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla'.
Por ahora, como informó este diario, el Tribunal, con ponencia del magistrado Óscar Dimaté, emitió el auto de admisión de la demanda el pasado 22 de junio, dándoles 10 días de plazo a los demandados para sus descargos y vinculando a la Alcaldía como tercera interesada.
Tarifas afectadas
El organismo de control advierte que también los usuarios se vieron afectados con este asunto: 'El patrimonio público (…) se vería afectado ya que los pagos no debidos a Inassa repercuten en los dineros que le corresponden al Distrito en el reparto de dividendos, así como en la administración de los subsidios y demás recursos públicos dentro de la ejecución del contrato. (…) Y también la facturación de los honorarios de la asesoría inciden negativamente en el costo de las tarifas a pagar por los usuarios'.
La historia del contrato
Pone de presente la Procuraduría que en el acuerdo de accionistas del 18 de octubre de 1996 se estableció una bonificación a Inassa, a partir del año ocho, es decir, desde 2004, del 4,5% de los recaudos de Triple A, como costo de una 'asistencia técnica'.
No obstante, el 28 de marzo de 2000, 'sin contar con la aprobación de su junta directiva, modificaron el contrato de asistencia técnica' y dispusieron una remuneración del 4,5% del recaudo pero con efectos a partir del 1 de julio de 2000, es decir, cuatro años antes de la fecha en que debía entrar en rigor según lo pactado inicialmente.
Por ello, y al señalar que el contrato aparentemente no estaba siendo ejecutado, la Fiscalía ya había tasado el contrato de asesoría, durante 17 años, en $237.836 millones y abrió investigación formal contra 11 directivos y exdirectivos de Triple A e Inassa. El ente acusador estableció que el contrato 'no se ejecutó y se desviaron dineros para favorecer a las firmas Canal Extensia –de Canal de Isabel II- y Slasa'.
A su vez, la Procuraduría citó a juicio disciplinario a los exgerentes de Triple A, Ramón Navarro –quien se allanó a cargos en lo penal-, Julia Serrano y Ramón Hemer, y calculó que mensualmente le pagaban a Inassa, en virtud del contrato cuestionado, $1.600 millones.
Recuerda el Ministerio Público que dicho contrato de asistencia técnica fue suscrito entre Luis Nicolella de Caro, representante de Inassa y Francisco Olmos, representante de Triple A, quienes además pactaron su plazo hasta el 19 de octubre de 2033.
Al no encontrar evidencias de la ejecución del contrato, el ente de control pidió a la Triple A el 30 de octubre pasado la suspensión de la ejecución del contrato, 'lo que evitó en noviembre pasado un giro a Inassa de $4.800 millones'.
Y concluye la Procuraduría sobre el contrato: 'Si la sociedad Inassa pretendía obtener provecho económico más allá de las utilidades de la ejecución de la actividad económica, con fundamento en una presunta asesoría para la prestación del servicio, dicha actividad debía estar materialmente soportada sin que la mera prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado prestado por la Triple A sea prueba suficiente de la mentada asesoría'.
