Un comité de veeduría especializada realizará el seguimiento permanente a la prórroga del contrato del nuevo puente Pumarejo. Así quedó estipulado anoche en una reunión entre el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.
García señaló que la veeduría está integrada por tres personas que tienen conocimientos técnicos del proyecto: el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), seccional norte, Carlos Rosado; la secretaria de Infraestructura del Departamento, Mercedes Muñoz; y el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Alberto Durán.
'Buscamos que se hagan presentaciones trimestrales para ver el avance de la obra y también hacer el empalme con el nuevo Gobierno, porque nosotros no vamos a poder entregar el proyecto', señaló el funcionario.
El gobernador Eduardo Verano, quien fue mediador para la prórroga del contrato, señaló que seguirán colaborando al Gobierno desde la veeduría, debido a que es una obra que tiene impacto a nivel nacional.
Señaló que desean que el contratista cumpla con todo lo pactado, así como el Invías cumplió al darle la prorroga finalmente.
Carlos Rosado manifestó que al establecerse unos hitos (metas) para medir los avances, la veeduría manejará la interlocución y apoyará tanto al Gobierno como al contratista en todo lo relacionado con el seguimiento y la gestión contractual que este proyecto requiere.
'Es una figura que se utiliza en varios contratos en todo el país y que es validada por la Contraloría y Procuraduría, como vigilante y atenta al acompañamiento en los inconvenientes que se puedan presentar en la gestión contractual de este proyecto', anotó.
Multas
El director del Invías informó también que a pesar de la ampliación del contrato una de las multas quedó ratificada para ser cancelada por el Consorcio.
Puntualizó que quedó estipulada en $610 millones y corresponde a atrasos en los meses de agosto, septiembre y octubre.
'Ahora hay que ponernos de acuerdo sobre cómo descontarle en módicas cuotas mensuales', anotó.
Recordó que hay otras dos multas que suman $8.000 millones, de los meses de noviembre, diciembre y febrero, pero que no están ratificadas y las cuales podrían desaparecer.
'Son multas de apremio, el contratista sigue en la ejecución del contrato y se puede acercar cada vez más a cumplir a desaparecer la multa', sostuvo.
En cuanto a otros procesos, como el de calidad de los pilotes y programa de inversiones, fueron cerrados al subsanar el error.
Sostuvo que en los puntos de las multas duraron mucho tiempo en ponerse de acuerdo las partes, pero que Invías tenía claro que no podía 'establecer un borrón y cuenta nueva'.
Agregó que nunca se contempló que el contrato se finalizara el sábado, debido a que era 'lo peor' para la ciudad, el instituto y el contratista.
Posibilidad de revocar
El Consorcio Sacyr señaló que efectivamente la multa de $610 millones está en firme y se descontará de la facturación, pero que cuando ellos subsanen el incumplimiento tendrán derecho a que se revoque.
'El contratista está próximo a poder subsanar el incumplimiento al que dio lugar y las otras dos multas no están en firme', señalaron a través de un comunicado de prensa.
Además, aclararon que nunca pidieron que esos procesos sancionatorios se archivasen, ni que se condonasen los incumplimientos o sanciones.
Por último, dejaron claro que los retrasos se deben a algunas circunstancias ajenas a las partes, que afectaron el cronograma de obras, 'fundamentalmente responsabilidad de terceros'.
