Las 30 familias propietarias del conjunto residencial Privilegio, ubicado en la esquina de la calle 89 con carrera 41, del barrio Campo Alegre, en el noroccidente de Barranquilla, se niegan a desalojar a pesar de que esta zona fue declarada de alto riesgo por deslizamientos en la ladera en 2004.
La razón principal, según explica el líder de la comunidad involucrada, Edinson Ledesma Marenco, es que los $750.000 mensuales que la Administración Distrital les brinda para llegar en calidad de arrendados a otros inmuebles fuera del sector 'no son suficientes para cubrir el valor de los arriendos y de los servicios públicos'
A la versión de Ledesma se suma la de Armando Martínez, quien adquirió el apartamento 106 en el bloque tres del conjunto residencial hace 25 años, y ahora piensa que le parece injusto desalojar, después de haber cumplido con el pago del inmueble.
'Muchas personas aceptaron la orden de desalojo y se fueron con su respectiva indemnización. Pero yo me sostengo en pensar que no tengo por qué irme, ya que este apartamento lo pagué completo al Fondo Nacional del Ahorro y no me puedo ir con $750.000', manifestó el abogado de 68 años.
Como ellos, otros 28 propietarios decidieron continuar conviviendo en tres de los cinco bloques que conforman la estructura. Los otros dos permanecen abandonados, tras el llamado de las autoridades.
Es así como los que aún habitan en Privilegio acordaron intervenir los detalles de la infraestructura con sus propios recursos y mejorar su entorno, según cuentan. Con el apoyo de unos obreros, construyeron escaleras y pintaron la fachada de las torres tres, cuatro y cinco.
Territorio invadido
El líder de la comunidad agregó que, aunque en la actualidad no se registran invasiones por parte de personas ajenas al terreno en los bloques uno y dos, en el pasado sí ha sido testigo del ingreso de invasores a estas viviendas desalojadas.
'Eso era un mini Bronx, no tiene puertas. Hace poco sorprendimos a una pareja teniendo relaciones ahí. Por eso hemos tenido que hacer un cerramiento con material', dijo Ledesma, quien aclaró que bajo el visto bueno de las 30 familias le permitieron a una persona quedarse en un cuarto para que prestara el servicio de vigilancia, cuya decisión reconoció como un error propio por estar situado en una de las torres desalojadas.
Autoridades se pronuncian
Funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno con sus oficinas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) e Inspección General, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público; la Oficina de Gestión del Riesgo, con el acompañamiento de la Policía, hicieron presencia ayer en Privilegio para verificar que las personas que permanecen allí son propietarios y no ajenas a la edificación.
Sobre la continuidad de la comunidad en estos bloques, la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, Ana Saltarín, resaltó que están bajo su responsabilidad, acudiendo a los artículos 2 y 3 de la 1523 de 2012. 'Los ciudadanos también son sujetos de obligaciones dirigidas a su auto conservación. Los jueces han determinado que, quien no acate una orden de este tipo, está asumiendo su auto puesta en peligro', aseguró la funcionaria.
Asimismo, agregó que el local que se dejó a cargo de un individuo estaba siendo usado 'fraudulentamente', por lo que se gestionó el apoyo ante la Inspección General de Policía con la que se coordina el desalojo.
Finalmente, la Secretaría de Gobierno comunicó que 'ninguna persona natural o jurídica está autorizada para ofrecer o arrendar alguno de estos predios o apartamentos'.
