El exgerente de Inassa, Diego Fernando García Arias, investigado por el Caso Lezo y reconocido colaborador de la Fiscalía de España y Colombia solicitó el pago de 250.000 euros (850.549.750 pesos colombianos) por despido injustificado de su cargo.
El exgerente de la filial en Sudamérica del Canal Isabel II exige a la Comunidad de Madrid la suma de dinero por lo que considera fue un despido improcedente y que hacía parte de un blindaje jurídico de su contrato.
Según García, esta cifra debía ser pagada por Canal Isabel II, donde laboró por cinco años como gerente de expansión y nuevos negocios, dado el caso de ser despedido injustificadamente.
El blindaje jurídico de su contrato, asegura que le pago se debía realizar si se llegaba a realizar un despido, incluso si eran imputados por causas judiciales, pero no se pagaría si el trabajador duraba al menos 30 días en prisión.
Requisito que según el Canal se cumplió desde el primer arresto de García el 24 de agosto de 2017, según publicó el diario El Confidencial de España.
A pesar de ello, el medio español informa que el exgerente ha iniciado el proceso en un juzgado colombiano solicitando el pago de la indemnización.
Diego Fernando García Arias reconoció haberse apropiado y repartido de más de $27.879 millones, junto a otros directivos.
Según el ente acusador, durante 2012 y 2015, varios directivos junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de $27.879 millones, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA.
