A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó ayer sobre la imputación de cargos en contra de Régulo Diazgranados Lozano, representante legal de la firma Dizgracon SAS y vinculado a una investigación por supuestas irregularidades en un contrato suscrito con la Alcaldía del municipio de Candelaria, Atlántico.
Los delitos imputados fueron peculado por apropiación –en calidad de interviniente– y falsedad ideológica en documento público.
La investigación se relaciona con las supuestas inconsistencias halladas en la celebración del contrato de obra No. LP 003-2015, el 4 de noviembre de 2015, entre el entonces alcalde del municipio, Jaime Escorcia Domínguez y la firma Dizgracon SAS, representada por Diazgranados. El monto total del contrato fue de $1.919’979.742 y con término de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.
El objeto de tal contrato era la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y estación de bombeo etapa 1 para el corregimiento de Carreto.
Sin embargo, la Fiscalía evidenció entonces que dicho contrato se habría celebrado sin el lleno de requisitos legales y que además hubo una apropiación de recursos públicos que superan los $200.000.000. En marzo pasado, ya habían sido procesados Jaime Darío Escorcia Domínguez, alcalde municipal de Candelaria 2012- 2015; Leonard Antonio Domínguez Valencia, ex director financiero municipal; Fernando Séptimo Prieto Miranda, director de Infraestructura municipal; Elayne Bolívar Domínguez, directora de Planeación municipal, y David Alberto Orozco Maldonado, interventor.
Todas las personas investigadas dentro de este caso, incluido el excontratista Diazgranados Lozano, tienen medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
