El Consejo de Gestión del Riesgo recomendó al gobernador Eduardo Verano acudir a la figura de la calamidad pública para poder atender, en el menor tiempo posible, los daños de 1.200 viviendas ubicadas en 11 municipios del Atlántico.
Durante una reunión extraordinaria los miembros del consejo revisaron la situación de los municipios golpeados por el fenómeno natural, tras lo cual determinaron que la incapacidad de estas poblaciones para atender a los damnificados obliga a la administración departamental a buscar los mecanismos para intervenir en este caso.
El subsecretario para la Gestión de Riesgos de Desastres de la Gobernación del Atlántico, Edinson Palma Jiménez, explicó que la declaratoria de calamidad pública permitiría agilizar el trámite de las ayudas que se entregará a las familias damnificadas y el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en lo que respecta al tema de rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas.
El funcionario manifestó que hoy se entregará esta recomendación al gobernador Verano con los respectivos soportes.
Según el informe, son 6.000 las personas afectadas por el fenómeno natural que golpeó los municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Luruaco, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Santo Tomás, Sabanalarga y Usiacurí.
