El Ministerio de Educación expidió la resolución 01962 del 12 de febrero de 2018, en la que ordena medidas preventivas y de vigilancia especial a la Universidad Autónoma del Caribe, en medio de las denuncias por presuntos malos manejos en el pago de sueldos y prestaciones sociales.
La cartera educativa indicó en un comunicado que una de las acciones consiste en la designación de un inspector in situ para que vigile la gestión administrativa y financiera de la Universidad mientras persisten las situaciones que originaron las medidas.
Como segunda medida, el Ministerio le ordena a la alma mater la elaboración y presentación de un plan de mejoramiento con carácter obligatorio tendiente a corregir, en el menor tiempo posible, las situaciones de irregularidad y anormalidad descritas en los informes de visita de inspección y vigilancia.
También ordena la cartera atender las condiciones y órdenes que fije el Ministerio sobre el manejo financiero y administrativo, para corregir o superar las situaciones detectadas.
'Estas medidas surgen de la necesidad de adelantar acciones que permitan superar las deficiencias administrativas y financieras halladas por el Ministerio, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en condiciones de continuidad y calidad', se lee en el boletín.
Y concluye que la continuidad, ampliación o terminación de las mismas estará sujeta al cumplimiento efectivo de las acciones que permitan la superación de las deficiencias identificadas.
La medida del Ministerio de Educación se conoce dos semana después de que la misma cartera informara que había trasladado a la Fiscalía las indagaciones contra la Universidad Autónoma del Caribe por los requerimientos de normalización de pagos a trabajadores y seguridad social.
En ese momento se indicó que la ministra Yaneth Giha había firmado las resoluciones número 0145 y 0146 del 2 de febrero de 2018, mediante las cuales se abrieron dos pesquisas administrativas contra la alma mater.
La primera indagación está relacionada con presuntas deficiencias de orden financiero, administrativo y contable, entre otros aspectos, los cuales 'pueden constituir una indebida conservación y/o aplicación de rentas, vulnerando normas jurídicas que regulan la prestación del servicio público de educación superior, así como aquellas institucionales'.
La segunda busca esclarecer si se ha incurrido en alguna falta o vulneración de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior.
El Ministerio del Trabajo también le formuló cargos a la Autónoma por el incumplimiento en los pagos de salarios a los trabajadores, personal administrativo y docente del centro de educación superior y aportes a la seguridad social que se les adeuda.
La cartera de Trabajo dijo que de comprobarse violación a las normas laborales, la Dirección Territorial del Atlántico podría imponer sanciones de uno hasta 5.000 salarios mínimos, es decir, multa por cerca de $4.300 millones.
