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La situación del Hospital Universitario Cari ESE es delicada. Así lo advierte el representante de los Gremios de la Producción ante la Junta Directiva de la institución, José Marino Mejía Villegas.

El directivo asegura que la gerente Rocío Gamarra Peña, 'no ha hecho nada para sacar de la crisis' a esta institución hospitalaria que atiende las necesidades del servicio de alta complejidad de los habitantes del departamento del Atlántico y otras poblaciones de la Costa Caribe.

De acuerdo con sus declaraciones, lo que sí ha hecho la gerente es desatender las medidas ordenadas por la Junta Directiva a través de los acuerdos 157 y 158, aprobados el 22 de junio de este año, con el fin de mitigar la crisis financiera que se presenta en el hospital, derivada principalmente por la disminución significativa de los ingresos esperados.

Los bajos recaudos, a su vez, son generados por el no pago de las obligaciones por parte de las entidades del sistema general de salud y por la modificación del mercado durante los últimos dos años.

Actualmente los ingresos mensuales del Cari están por debajo de los $800 millones frente a gastos que llegan a los $6.000 millones, dijo el directivo. Según un informe entregado por la gerente Gamarra en noviembre de 2016 a la Asamblea del Atlántico, en 2015 los ingresos mensuales eran de $3.250 millones frente a gastos que sumaban $4.300 millones.

El gasto desbordado y los bajos ingresos ponen en riesgo la aplicación de un acuerdo de reestructuración de pasivos, según el directivo.

La preocupante disminución de los ingresos, que también está soportada en un informe de revisoría fiscal, fue lo que llevó a los miembros de Junta Directiva a ordenar la reducción general del presupuesto de gastos en un 25%, a través de los acuerdos antes mencionados.

En dichos acuerdos también se le ordena que en la distribución de los gastos se de prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

Estas medidas, según el representante, están siendo incumplidas por Gamarra. Por esta razón, Mejía Villegas envió una comunicación al presidente de la Junta Directiva, Juan Carlos Muñiz, en la que pide una reunión extraordinaria y 'urgente' para hoy o mañana.

En la comunicación solicita que durante la reunión se discuta el traslado a los entes de control penal, fiscal y disciplinario, de los incumplimientos de la gerente Rocío Gamarra, a los acuerdos 157 y 158 de 2017. Esto incluiría el por qué si la entidad se apresta a entrar a un proceso de Ley 550 se pagó a once acreedores unos $13.900 millones.

El diputado Adalberto Llinás, coincide con la preocupación el directivo, en el sentido de que el gasto desbordado pone en riesgo la aprobación de la Ley 550 para el Cari.

Para Llinás, lo que se está viviendo en el interior del Cari es un divorcio entre la Junta Directiva y la Gerencia, pues la funcionaria está desconociendo las órdenes del órgano rector de la institución hospitalaria.

Llinás asegura que Gamarra puede no estar de acuerdo con las medidas adoptadas por la Junta Directiva para enfrentar la crisis financiera del hospital, pero que está obligada a cumplirlas. 'Si ella cree que no son convenientes, debe demandarlas', advirtió Llinás.