La Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, y los diferentes gremios de comerciantes en la ciudad confirmaron ayer, durante una rueda de prensa, que la protesta del martes 24 de octubre sigue en pie, como muestra de su desacuerdo por la aplicación del Código de Policía en estos establecimientos.
Según estadísticas suministradas por la Secretaría de Gobierno del Distrito, al menos 800 locales han sido sancionados con cierres temporales desde la aplicación de la normativa -el primero de agosto de 2017- por incumplir la ley. En la gran mayoría de los casos, los propietarios no contaban con los documentos requeridos, como lo son el certificado bomberil, Sayco Acinpro o el registro mercantil de la Cámara de Comercio.
'Si llegan los policías y los tenderos no tienen los papeles le cierran el negocio en el acto por hasta 10 días. Eso causa un gran impacto porque en las tiendas hay productos perecederos, todos esos alimentos se pierden porque qué hace un pequeño comerciante con esos productos si no pueden venderlos', expresó el director de Undeco, Orlando Jiménez.
Explicó que el gremio no está de acuerdo con la forma cómo los uniformados de la Policía interpretan y aplican el Código en las tiendas, razón por la cual esperan que más de 12.000 tenderos marchen en defensa de sus derechos. Según las proyecciones, unos 5.000 negocios serían cerrados durante el próximo 24 de octubre.
Los motivos
Los cierres 'en el acto' de los establecimientos comerciales cada vez que incumplen con la entrega de documentos es una de las razones que motivan la manifestación.
De acuerdo con Jiménez, las autoridades deberían dar 'un tiempo prudente de 15 días' para que los comerciantes se pongan al día y puedan renovar los papeles que hagan falta.
'Si los policías siguen en la tónica de cerrar enseguida, muchas tiendas se irán a la quiebra', advierte Jiménez, quien precisa que un día sin poder abrir el negocio podría generar pérdidas de hasta dos millones de pesos.
Por lo anterior, solicitan que se apliquen los principios de 'proporcionalidad y razonabilidad' mediante los cuales, según la norma, se busca que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido.
'Queremos que ejerzan este principio para evitar la desigualdad comercial y los excesos', dijo Sandra López, directora ejecutiva de Fenacoven.
Que la terraza de una tienda, por ejemplo, sea considerada en el Plan de Ordenamiento Territorial como espacio público, también es objeto de reclamos en el gremio.
'No se justifica que con las temperaturas típicas del Caribe, la gente no se pueda sentar en una terraza a tomarse una bebida o una cerveza porque es espacio público. En otras ciudades es de carácter privado, pero aquí es público. Eso afecta las ventas', asegura el representante de Undeco.
Por último, los comerciantes cuestionan el cobro del impuesto de las marquesinas o carpas, cuyo costo puede alcanzar los $730.000 anuales.
'Las carpas no se ponen por necedad sino por necesidad porque durante el día el fuerte sol puede dañar los alimentos o decolorar los envases', explica.
La marcha
Los comerciantes se concentrarán desde las 9:00 a.m. del martes en la Plaza de la Paz, lugar desde donde partirán hasta la entrada de la Alcaldía Distrital. Allí buscarán exponer la problemática al alcalde Alejandro Char.
De la manifestación también participarán los gremios que integran la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro), la Federación Nacional de Compra Vendedores con Pacto de Retroventa (Fenacoven), la Asociación de Comerciantes Nocturnos (Asonocturnos), la Asociación de Abarroteros (Asaba), la Asociación de Propietarios de Residencias y Moteles de Barranquilla (Asoremo) y la Asociación del Sector Automotriz y sus partes, Asopartes, entre otras organizaciones.
Asesorías: Acuerdo con Distrito
Los gremios de tenderos de Barranquilla y de comerciantes formales acordaron el pasado miércoles con las autoridades, luego de una reunión de más de tres horas, que se llevarán a cabo mesas de trabajo conjuntas para la elaboración y difusión de cartillas informativas sobre los mitos y realidades del Código de Policía. Además, las entidades distritales brindarán asesorías durante tres meses a los establecimientos sancionados para que estos puedan cumplir con los documentos necesarios.
