El mal estado del terreno en Campo Alegre es una situación que ha afectado a las familias del sector desde el año 2004 cuando empezaron a registrarse los agrietamientos de viviendas ubicadas en urbanizaciones de la calle 83A, como consecuencia de los primeros deslizamientos de la ladera, debido al fuerte invierno de ese año.
Un año después comenzaron a hundirse las primeras viviendas construidas en la ladera y los patios de algunas casas de Ciudad Jardín se desplomaron. Ese mismo año se declaró zona de emergencia y el Distrito inició obras para mitigar el daño sobre las viviendas de los afectados.
Hace precisamente 12 años (2005) comenzó la lucha de las familias afectadas ante los tribunales. Se vieron obligadas a presentar demandas porque los daños de sus viviendas eran irreversibles.
A la fecha más de 3 mil familias siguen a la espera de ser indemnizadas. Por ello, los afectados por los deslizamientos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una 'vigilancia especial' en el proceso que cursa contra el Distrito de Barranquilla.
Estas familias damnificadas también se reunieron ayer en una asamblea general en Combarranquilla-Boston y acordaron realizar una marcha de antorchas el 9 de noviembre en contra de la 'corrupción que se está dando en el país en la rama judicial'.
Piden a Cidh proteger derechos
Las familias damnificadas de Campo Alegre solicitaron medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para asegurar la 'protección del derecho a la vida e integridad personal' de la población afectada por la compra de unos 2.000 inmuebles en ese barrio del noroccidente de Barranquilla.
La solicitud fue presentada a través del representante legal, abogado Roberto Tapia, en desarrollo del proceso que cursa en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Argumentan que tienen temor de que 'sus pretensiones sean rechazadas por intereses ajenos al deber de hacer justicia'.
En el documento de quince páginas, que fue enviado al despacho de la CIDH, ubicada en Washington, los afectados explican que los inmuebles fueron adquiridos en el año 2000, a través de empresas constructoras privadas y con aprobación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
En el mismo escrito advierten que los inmuebles fueron levantados en un terreno 'no apto' para la construcción de vivienda por problemas de deslizamiento e inestabilidad del suelo, lo que ha conllevado al colapso de las mismas. Según indican, hasta la fecha la mayoría de sus propietarios no han sido reubicados y tampoco han recibido una indemnización por perjuicios.
En el documento también hacen una reseña de lo ocurrido con las viviendas desde el año 2004 y que se agravó en 2010, con el invierno que golpeó duramente a Barranquilla y el Atlántico, las constructoras que tendrían que responder por estos hechos y el proceso jurídico que llevan los propietarios de las viviendas afectadas, para exigir el resarcimiento de los daños ocasionados.
Los damnificados también explican las razones por las cuáles interpusieron una demanda de acción de grupo y en qué etapa va el proceso.
En el escrito igualmente advierten sobre 'el poder económico y político de gran influencia en la ciudad' que tienen las constructoras demandadas, y que además los mismos magistrados que en un fallo de 2014 ordenaron la desvinculación de las constructoras de la demanda, sean los que tramiten la última impugnación presentada por el Distrito.
Esta situación, de acuerdo con el documento, 'ha infundido temor generalizado en los accionantes a que sus pretensiones sean rechazadas por intereses ajenos al deber de hacer justicia'.
Al respecto, el secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, señaló que es un derecho legítimo que tienen de hacerlo. 'Nosotros como ciudad velamos por los intereses institucionales y entendemos las acciones que puedan tomar los ciudadanos', expresó.
Cronología
Luego de los daños en las viviendas registrados en el 2004 y las acciones judiciales presentadas en 2005, al año siguiente fue reportado el agrietamiento de los apartamentos de tres conjuntos residenciales (Puertas del Caribe, Altos del Campo y Ciudad del Sol 1 y 2 ), pues la remoción en masa continuó.
Posteriormente, la administración distrital realizó un censo con el fin de establecer el número de casas afectadas. Ese mismo año, la Alcaldía de Barranquilla tomó la decisión de bajar el estrato para esta zona, de 3 a 2.
En 2007 el Distrito de Barranquilla intervino la zona con la construcción de canales de drenaje para mitigar el deslizamiento del terreno y evitar la afectación de más viviendas. Ese año fue contratado el experto en suelos Jaime Suárez para que elaborara un estudio en la zona de Campo Alegre y Ciudad Jardín. Con ese estudio se hizo un plan de obras para estabilizar la ladera y evitar que el fenómeno se extendiera a otros barrios del suroccidente.
En 2009 se caen las primeras viviendas de Carson Mirador (estas ya habían sido desocupadas por la constructora) y Puertas del Caribe.
En 2010 el fenómeno de La Niña intensificó las afectaciones en el sector, de manera especial al conjunto residencial Altos del Campo, cuya entrada está ubicada frente a ‘El Tobogán’, lugar sobre el que se deslizaban pedazos de lodo.
En ese mismo año se conoció el fallo del Consejo de Estado que ordenó la reubicación de las 168 familias que residían en Altos del Campo, quienes fueron evacuadas por la socavación que dejaron las lluvias en el terreno. Posteriormente, de las 168 familias, 140 llegaron a un auerdo económico y 28 no lo hicieron, pues esperan recibir en promedio $200 millones por apartamentos, mientras que las otras familias 'arreglaron por $75 millones'. Después fueron reubicados varios de los residentes de las de Puertas del Caribe.
Entre las obras de mitigación realizadas por el Distrito se encuentran la construcción de los pilotes ubicados entre las carreras 41D y 41F con la calle 83A.
En el 2010 quedó inhabilitada la carrera 38. El Distrito adelanta obras en esta vía, según Padilla, incluyendo la recuperación de la vía de la 38, las obras totales culminarían en el 2020.
En el 2014 el Distrito solicitó al Gobierno declarar zona de desastre 700 hectáreas de la ladera occidental, pero el caso se remitió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
Tapia presentó una acción de grupo contra el Distrito y la urbanización Parrish, dueña de los predios. No obstante, en 2010 el proceso vinculó las firmas que ejecutaron los proyectos urbanísticos en esa zona, tales como Marval, Metropolis, Constructora Alejandro Char, Cadena y Fawcett, Alta Vista, Proyecto Barranquilla, urbe Inversiones y Fonviconstrucciones.
En agosto de 2016, el Juez 11 Administrativo del Circuito de Barranquilla expidió la sentencia que condenó a las constructoras y al Distrito de Barranquilla a pagar los perjuicios materiales y morales a los propietarios y afectados de Campo Alegre.
Se estima que el pago alcance entre los $200.000 y $300.000 millones. Según la sentencia 0349 de 2005 (que se tramitó en primera instancia en el Juzgado 11 Administrativo y tuvo sentencia en agosto de 2016 y que hoy se encuentra en el Tribunal). De acuerdo a la sentencia de primera instancia el 15% le tocaría pagarlo al Distrito de Barranquilla, el 25% a la urbanizadora Parrish y el 60% a las constructoras.
Esta sentencia fue apelada por el Distrito de Barranquilla.
Los afectados que recibirían la indemnización serían los propietarios de cerca de 2.000 inmuebles, que hacen parte de los conjuntos residenciales Altos del Campo, Atardeceres, Ciudad del Sol I, Ciudad del Sol II, Miraflores, Privilegios, Mirador de Campo Alegre, Colina Campestre y Puertas del Caribe, lo mismo que las viviendas que fueron construidas en el sector de manera individual, así como los más 300 propietarios de lotes y de Colina Campestre 1 y 2.
Esperan pronta respuesta
Nevis Pérez, una de las afectadas de Campo Alegre y Darío Gómez, habitante de Ciudad Jardín , al término de la asamblea realizada ayer expresaron su preocupación porque el tiempo va pasando, los inmuebles en Barranquilla han ido aumentado paulatinamente y de aquí a que los indemnicen ese dinero no les va a alcanzar ni para comprar casas en un barrio estrato 1.
Melba de Obregón dice que le tocó salir de su casa y el subsidio que les da el Distrito no les alcanza porque los arriendos están por las nubes. 'Pago un millón 200 en arriendos y el subsidio es 750 mil pesos'.
