Las familias damnificadas de Campo Alegre solicitaron medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asegurar la 'protección del derecho a la vida e integridad personal' de la población afectada por la compra de unos 2.000 inmuebles en ese barrio del noroccidente de Barranquilla.
La solicitud fue presentada a través del representante legal, abogado Roberto Tapia, en desarrollo del proceso que cursa en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Argumentan que tienen temor de que 'sus pretensiones sean rechazadas por intereses ajenos al deber de hacer justicia'.
En un documento de quince páginas, que fue enviado al despacho de la CIDH, ubicada en Washington, los afectados explican que los inmuebles fueron adquiridos en el año 2000, a través de empresas constructoras privadas y con aprobación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
En el mismo escrito advierten que los inmuebles fueron levantados en un terreno 'no apto' para la construcción de vivienda por problemas de deslizamiento e inestabilidad del suelo, lo que ha conllevado al colapso de las mismas. Según indican, hasta la fecha la mayoría de sus propietarios no han sido reubicados y tampoco han recibido una indemnización por perjuicios.
En el documento también hace una reseña de lo ocurrido con las viviendas desde el año 2004 y que se agravó en 2010, con el invierno que golpeó duramente a Barranquilla y el Atlántico, las constructoras que tendrían que responder por estos hechos y el proceso jurídico que llevan los propietarios de las viviendas afectadas, para exigir el resarcimiento de los daños ocasionados.
Los damnificados también explican las razones por las cuáles interpusieron una demanda de acción de grupo y en qué etapa va el proceso.
En el escrito igualmente advierten sobre 'el poder económico y político de gran influencia en la ciudad' que tienen las constructoras demandadas, y que además los mismos magistrados que en un fallo de 2014 ordenaron la desvinculación de las constructoras de la demanda, sean los que tramiten la última impugnación presentada por el Distrito.
Esta situación, de acuerdo con el documento, 'ha infundido temor generalizado en los accionantes a que sus pretensiones sean rechazadas por intereses ajenos al deber de hacer justicia'.
