La ‘maniobra’ de Electricaribe de no reportar 350.780 horas de interrupciones en el servicio de luz y de no informar los daños que se presentaban en 13.733 transformadores de los cerca de 96.000 que tiene la Región Caribe, fue duramente cuestionada por dirigentes de la Costa.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se mostró sorprendido por el hecho de que se hubieran registrado omisiones en el reporte de las fallas de más de 13.000 transformadores. El mandatario cree que este hecho cambia el panorama de las cifras que han venido manejando los departamentos.
'Esto quiere decir que la situación de la calidad del servicio es mucho peor de lo que nosotros mismos veníamos diciendo, porque nosotros nos veníamos basando en las cifras y en las estadísticas oficiales, pero si estas estadísticas están alteradas, evidentemente hay más. Estábamos hablando de 90 horas, pero con las cifras de la Superintendencia podremos llegar a unas 120 horas', manifestó Verano.
El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, señaló que cada día que pasa se enteran de la mala administración y gerencia de la entidad, lo que redunda en el pésimo servicio que venían prestando. 'Ahora es que nos enteramos de toda la patraña en la que la administración de la empresa incurrió para ocultar todas sus debilidades y deficiencia'.
Turbay destacó la intervención como un camino que va dejando al descubierto la nefasta administración de Electricaribe y que, por fortuna, hoy ya no está. Hizo un llamado para que la Superintendencia sancione con todo el rigor esos desafueros de la gerencia anterior de la empresa. 'Pobre gente del Caribe, pobre región nuestra con el servicio que nos ofrecía esta empresa que ya es hora de que comencemos a olvidar', afirmó.
Entre tanto, el representante a la Cámara por el partido Liberal, Mauricio Gómez, dijo que desde el Congreso de la República respaldará todas las investigaciones que se llevan en contra de la empresa, porque se repite la historia de los abusos de esta compañía en la Región Caribe.
En sus declaraciones, el dirigente pidió que las investigaciones que realiza la Superintendencia y los entes de control lleguen a unas consecuencias jurídicas sobre los responsables de lo que se está descubriendo.
Cree que estos hechos sirven de argumento al Gobierno Nacional para demostrar que la intervención y la liquidación era la única salida para que esta empresa saliera de la Región Caribe.
Estas omisiones eximían a la empresa de pagar multas por la prestación de un mal servicio de energía y le permitían no caer en una causal de intervención, tener un argumento para no pagar la totalidad de la energía porque no la consumió, que la Creg le mantuviera las tarifas y, finalmente, el usuario pudo terminar pagando esas horas no informadas.
Y estas cifras solo obedecen a lo hallado por la Superservicios entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, a través de una investigación que se inició pocos días después de la llegada del actual superintendente, José Miguel Mendoza, y que tuvo su apertura de pliego de cargos el 4 de noviembre de 2016.
