El accionista mayoritario de la intervenida Electricaribe, Gas Natural Fenosa (GNF), rechazó este martes el señalamiento de la Contraloría General de la República de que la firma distribuidora de energía usó $78.500 millones de pesos –correspondientes a subsidios para los más pobres- para disminuir sus pérdidas.
En una nota informativa, la empresa española calificó al accionar del organismo de control como un 'evidente intento de presión indebida' y manifestó que Electricaribe ha venido aplicando el subsidio del Fondo de Energía Social (Foes) 'de acuerdo con la ley y conforme a la asignación del Ministerio de Minas y Energía'.
'Ello sucedió no sólo bajo la administración removida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sino incluso a la fecha y bajo la administración del Agente Especial', añade el comunicado
Cuestiona GNF que 'es revelador que sólo ahora—después de la intervención de Electricaribe y la notificación de la controversia internacional promovida por el accionista mayoritario contra el Estado Colombiano—se cuestione la aplicación del FOES con acusaciones de 'desfalco', cuando las autoridades nunca aplicaron sanciones a Electricaribe por estos conceptos'.
GNF insiste en que el organismo de control fiscal 'no puede desconocer que los recursos del Foes se aplicaron rigurosamente' a las facturas de sus destinatarios, usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 de las Zonas Especiales, es decir, barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo.
Declara, además, que dichos recursos 'en ningún caso' fueron destinados 'a sufragar pérdidas económicas de una compañía que nunca distribuyó dividendos a sus accionistas'.
Llamado de urgencia
Versiones conocidas por EL HERALDO señalan que dos altos directivos de Gas Natural Fenosa de este lado del Atlántico fueron llamados de urgencia a Barcelona, sede principal de la multinacional, una vez salió a la luz el informe de la Contraloría dado en primicia por este diario.
Se trata de María Eugenia Coronado, country manager en Colombia, y de José García Sanleandro, actual country manager en Perú y antiguo gerente de Electricaribe y encargado máximo del negocio de electricidad en el territorio nacional.
En juego se mantiene una demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, por GNF contra el Estado colombiano y que asciende a 1.000 millones de euros.
