Las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por valor de $94.000 millones, los pasivos a especialistas, empleados y contratistas, además de los embargos, tienen al Hospital Universitario Cari ESE de Alta Complejidad en una crisis financiera que lo ha conducido a un proceso de reestructuración bajo la Ley 550 o ‘ley de quiebra’.
Un estudio de la revisoría fiscal del hospital público, con corte a marzo de 2017 que fue conocido por EL HERALDO, revela que transcurridos los primeros tres meses de este año la institución ya presentaba un déficit de $3.416 millones. En 2016 las pérdidas totales fueron de $13.444 millones. A este monto se deben sumar las multas y sanciones cobradas por Radiólogos UT por valor de $2.663 millones.
Actualmente —indica el documento— los pasivos del hospital son de $80.364 millones, aunque la Secretaría de Salud Departamental había informado que alcanzaban los $90.000 millones.
Sin rentabilidad
El funcionamiento del Cari de alta complejidad demanda más costos que ingresos. Así lo detalla la revisión al interior del hospital con registro de costos y gastos de $14.404 millones frente a un monto de venta de servicios de tan solo $10.309 millones.
De las deudas al centro médico ($94.000 millones), se consideran de difícil recaudo $55.557 millones. Es decir que se prevé que el Cari solo recupere $38.443 millones.
En cuanto al presupuesto para la presente vigencia también hay disminuciones evidenciadas en el informe de la revisora fiscal. De $85.780 millones, en 2016, pasó a $70.264 millones este año. De este modo, el monto bajó en $15.516 millones.
Es así como los problemas financieros que ha tenido el hospital público lo han llevado a radicales consecuencias como el hecho de que el patrimonio esté actualmente por debajo del 50% del capital, es decir, que sus ingresos no superan o igualan sus obligaciones.
Líos con EPS
La deuda de las EPS al Cari es una de las grandes batallas que libra el hospital. El cobro a las entidades no ha podido efectuarse porque algunas están liquidadas, como el caso de Caprecom que es la que más adeuda, y otras porque no han reconocido el cobro que les es reclamado por el hospital.
En el primer trimestre de este año el Cari tenía $2.043 millones en glosas (cobro a EPS) aceptadas para tramitar su cobro, de las cuales se efectuó la suma de $1.098 millones, quedando un saldo por cobrar de $945 millones.
Además, el hospital se debe enfrentar —según la revisión financiera— a la probabilidad de que nunca le sean aceptadas unas glosas por $7.474 millones. Además, de 2016 a 2017 las devoluciones del cobro por parte de las entidades pasaron de representar $2.488 millones a $3.779 millones.
Entretanto, la Secretaría de Salud Departamental informa que aunque Caprecom deba $24.000 millones solo cancelará $9.000 millones, en vista de que está liquidada.
En cuanto a las EPS activas, la Secretaría detalla que el cruce de cartera con las entidades requiere de un tiempo prolongado.
Ejecución presupuestal
El resultado de la revisora fiscal arroja que de los ingresos presupuestados para este año en el hospital, en el primer semestre se ha ejecutado la suma de $10.883 millones, equivalente al 15.49%.
De esta ejecución, $6.598 millones corresponden a ventas de servicios del presente año, de los cuales se ha recaudado solo $22 millones. Además, el hospital recibió $1.750 millones por estampilla.
En cuanto a los gastos, en la ejecución presupuestal se han registrado compromisos por valor de $19.401 millones y obligaciones por $4.991 millones, de los cuales $2.742 millones pertenecen a vigencias anteriores. Sobre este total, el Cari ha cancelado la suma de $3.626 millones.
Ley 550
Por la crisis y la falta de recursos para sacar adelante al Cari, la Junta Directiva del hospital público decidió preparar la documentación para que la institución pueda cancelar sus deudas.
De este modo se prevé tener lista en 60 días la propuesta que deberá presentarse ante el Ministerio de Hacienda para que el Hospital Universitario Cari ESE de Alta Complejidad aplique a un proceso de reestructuración de pasivos, bajo la Ley 550 o de quiebra.
La decisión fue tomada por tras la dificultad de saldar las deudas de $90.000 millones y la suspensión de 20 servicios.
