Tras haberse reunido este martes en Madrid con su homólogo de España, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que lo que investiga el ente de persecución penal en el caso Lezo es 'cómo se diluyeron los capitales públicos en estas empresas de servicios públicos' y, por ende, el organismo de control revisa las actuaciones de los alcaldes de Barranquilla durante la operación de la Triple A, subordinada de Inassa, a su vez filial de la ibérica Canal de Isabel II.
Así respondió el jefe del ente acusador a periodistas que le preguntaron sobre si serán llamados a responder distintos alcaldes de Barranquilla que estuvieron en el mandato durante la operación de la empresa de acueducto.
Agregó no obstante que tan sólo es una hipótesis dentro de la investigación 'que hayan podido existir actos de corrupción' en el capítulo del caso Lezo en Colombia.
El mes pasado, el expresidente del gobierno regional de Madrid, Ignacio González, y otra decena de altos cargos del país europeo fueron arrestados en España acusados de utilizar la empresa pública de aguas Canal de Isabel II en un desfalco de 23 millones de euros por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.
En Colombia, Inassa participa en la gestión de aguas de varias ciudades, como Barranquilla y Riohacha, así como en varios municipios del Atlántico.
Y sobre un supuesto detenido por el caso en Colombia, no quiso adelantar información por ser secretas las investigaciones.
Las dos pesquisas de la Fiscalía
El pasado 26 de abril, el fiscal Martínez anunció la apertura de dos investigaciones por petición de España relacionadas con el escándalo de corrupción en la Triple A.
En ese momento, el titular del ente acusador dijo que el caso Lezo 'tendría injerencia en Colombia por la empresa que opera el servicio de acueducto y alcantarillado de Barranquilla'.
En tal sentido, el Martínez señaló que 'el fiscal de España ha solicitado cooperación judicial de la Fiscalía de Colombia'.
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Reportó entonces la apertura de dos investigaciones: 'una que es bajo Ley 600, porque son hechos anteriores al año 2008, cuando entró en vigencia el nuevo código de procedimiento penal en la ciudad de Barranquilla, y otra investigación al amparo de la Ley 906. Esas dos investigaciones están en curso y ya hay fiscales e investigadores asignados al caso'.
Y concluyó que el escándalo 'comprometería a ciudadanos del lado y lado del Atlántico'.
Investigación conjunta
Martínez, además, aprovechó su visita a Madrid este martes para suscribir con su homólogo español, José Manuel Maza, un convenio de colaboración para la persecución de delitos y manifestaron su voluntad de investigar de forma conjunta el caso Lezo.
Esta sería la primera investigación entre ambos países a través de 'equipos conjuntos', dijo a la prensa el fiscal Martínez.
Por su parte, el fiscal Maza precisó que solicitará al juez de instrucción del caso, Eloy Velasco, que autorice la investigación conjunta con un equipo formado por funcionarios, autoridades y miembros de ambas fiscalías.
'Con ese convenio se trata de perseguir delitos que puedan tener un alcance territorial que afecte a ambos países, y en concreto delitos muy específicos que están actualmente en investigación', añadió Maza.
Finalmente, Martínez reconoció la 'cooperación y liderazgo' de su colega español y comentó que este acuerdo sirve para renovar y acelerar los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, pues excede en mucho los acuerdos anteriores.
'Hoy la criminalidad es mucho mas global, transaccional y requiere esfuerzos de cooperación entre nuestro Estados para doblegar las distintas formas de criminalidad', concluyó.
El procurador y el juez instructor
En la sede de la Audiencia Nacional española, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, sostuvo de igual forma un encuentro con el juez instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, del que poco ha trascendido a los medios de comunicación.
El Ministerio Público informó el pasado 10 de mayo de la apertura de una indagación preliminar en la Triple A de Barranquilla, en la que la línea central de la averiguación es también determinar por qué se redujo la participación accionaria del ente territorial en la empresa, es decir, cómo el Canal de Isabel II, a través de su filial Inassa, se hizo al 60 por ciento de las acciones.
La indagación preliminar abierta va, concretamente, contra autoridades administrativas del Distrito de Barranquilla 'con el propósito de establecer si hubo actos de corrupción e irregularidades en relación con la forma como el ente territorial fue diluyendo su participación accionaria en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P, mientras que uno de sus accionistas, Inassa, obtenía el control societario'.
Ante ello, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación ordenó la práctica de pruebas en la Alcaldía de Barranquilla, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y otras públicas y particulares que han tenido relación con los hechos investigados.
Cómo se diluyó el capital público
EL HERALDO recordó en su edición dominical pasada que el 17 de julio de 1991 nace la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., la cual recibió en concesión los servicios de saneamiento básico de Barranquilla.
La sociedad de economía mixta nació con una estructura accionaria de un 85% de participación por parte del Distrito (Acciones clase A) y 15% del sector privado (Acciones clase B). La sociedad fue por un término de 20 años.
Luego, los empresarios de Barranquilla se dedicaron a buscar capital haciendo 'teletones' y fue así como vendieron acciones en el 'Suri Salcedo'. Esta venta ocurrió en la primera administración de Bernardo Hoyos, quien en ese momento argumentó que se requería hacer una millonaria inversión para llevar agua a los barrios del suroriente y suroccidente. Es así como hay 5.490 accionistas privados, entre personas jurídicas y particulares.
Posteriormente, en la administración de Edgard George González, fueron creadas las acciones Clase C, con lo cual el 43,31% de las acciones en la empresa pasan a Interamericana de Aguas y Servicios SA ESP, Inassa, como socio calificado operador, reconociéndole, además, el 4,5% de los ingresos brutos por año de la empresa.
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En el periodo de George (de 1994 a 1998) empieza la participación accionaria de Aguas de Barcelona en la empresa Triple A. En ese entonces el Distrito vendió gran parte de sus acciones a los catalanes, quedando con tan solo un 14,5% del total de la empresa de economía mixta.
En cuanto al proceso de cómo llegaron los catalanes a Barranquilla y cómo lograron entrar a la sociedad de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo no hay mucha claridad. Algunos dirigentes de la época que fueron consultados dicen que recuerdan poco de ese momento. Hoyos sostiene que es porque en ese momento los medios de comunicación y la Cámara de Comercio de Barranquilla 'no dijeron nada al respecto'.
Detrás de la participación accionaria de los catalanes -según el exalcalde Bernardo Hoyos- estaba el interés político de la familia Gerlein.
La empresa Triple A inició con un capital público privado, y sus socios necesitaban recuperar las inversiones realizadas. Es por ello que pidieron ampliación de la concesión y fue precisamente en la segunda administración de Bernardo Hoyos (1998-2000) donde se amplía hasta el 19 de octubre de 2033, es decir por 20 años más.
De acuerdo a los registros de la Notaría Quinta y de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Interamericana de Aguas y Servicios, S.A., E.S.P, Inassa, fue creada el 19 de septiembre de 1996, el mismo día en que le entregaron el componente accionario.
Posteriormente, cuando entra el alcalde Humberto Caiaffa (2001-2003), Canal de Isabel II adquiere el 75% de Inassa a través de Canal Extensia, cuando Inassa ya poseía el 64% de la Triple A.
Después llega a la Alcaldía Guillermo Hoenigsberg. La Junta aumenta el capital a $65 mil millones y como consecuencia de ello el componente accionario quedó de la siguiente manera: Inassa, 82,16%, Distrito, 14,50% y sector privado, 3,34%.
La 'joya de la corona'
También el pasado fin de semana, EL HERALDO conoció los estados financieros consolidados de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA, Inassa SA, y de sus subordinadas, al 31 de diciembre de 2015.
En estos documentos se da cuenta de la razón por la cual Triple A es llamada por los medios europeos 'la joya de la corona', pues mientras esta aparece con un capital de $73.485 millones y patrimonio de $221.927 millones, la empresa en República Dominicana reporta un capital de $5.893 millones y un patrimonio de $18.958 millones y la de Ecuador, un capital de $1.025 millones y un patrimonio de $11.309 millones.
Además, el documento registrado ante la Superintendencia de Sociedades indica que el capital autorizado de Inassa, al 31 de diciembre de 2015, está conformado por 26.000.000 de acciones, con valor nominal de $5.000 pesos cada una, de las cuales 23.151.997 acciones están suscritas y pagadas a la fecha del informe.
Para cumplir con su objeto, la empresa suscribió en Barranquilla un contrato de concesión en 1993. Se trata concretamente de un contrato de suscripción de acciones firmado con el Distrito de Barranquilla el 19 de octubre de 1993, con el cual se recibió en concesión por 20 años el derecho de utilización de los activos operacionales de la antigua Empresas Públicas Municipales de Barranquilla S.A., vinculados directa o indirectamente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la capital del Atlántico.
En este convenio se dispuso que el valor presente de los flujos de caja netos de los ingresos futuros generados por los activos recibidos en concesión durante el período de 20 años era de $32.754 millones a la fecha de firma del contrato, y que de este valor establecido, la empresa debía efectuar pagos mensuales al Distrito por concepto de regalías a la tasa del 1,5% mensual sobre $23.158 millones. Sin embargo, esta obligación fue extinguida a partir de septiembre de 1999, por convenio entre las partes del 28 de mayo de 1999, en el que se acordó participar con recursos propios en la financiación del Plan de inversiones en Acueducto y Alcantarillado de la Zona Sur Occidental: el saldo, o sea, la suma de $9.596 millones, constituyó el aporte de capital que el Distrito hizo a la empresa.
Luego, el 19 de julio del 2000, la empresa firmó un acuerdo para la ampliación por 20 años, a partir del 19 de octubre de 2012 y vencimiento final el 19 de octubre del año 2033 del plazo de la concesión inicial otorgada por el Distrito en 1993. En consecuencia, la compañía desembolsó como contraprestación $13.551 millones. Adicionalmente, por este acuerdo, la firma pagaría al Distrito regalías mensuales, a partir del 20 de octubre de 2012, para lo que se contrataría una firma de auditoría, acordándose que el flujo de caja libre se utilizaría como base para establecer el valor de las regalías y el porcentaje de estas sería del 30%.
