Compartir:

Un informe sobre 'seguridad jurídica', que se presentó este viernes a la OCDE, se refiere a la inquietud por la liquidación en Colombia de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, medida que los autores de dicho documento, el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, consideran 'un serio retroceso' para las inversiones en ese país.

Los autores del denominado ‘Informe internacional sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica’ presentaron su análisis a la directora del departamento de Inversiones de la OCDE, Ana Novik, así como al embajador de España ante el organismo, José Ignacio Wert.

En las reuniones, 'Colombia centró la atención (en ella) por el serio retroceso que experimenta como consecuencia de la creciente conflictividad que afecta a importantes inversiones extranjeras en el país', asegura en un comunicado el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.

Dicho despacho elaboró el informe por encargo de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC).

En su elaboración contó con la colaboración de la World Federation of Investors (WFI) y de la European Federation of Investors Better Finance.

En las conversaciones se abordó también 'la escasa implementación (en Colombia) de las reformas propuestas por la OCDE para su incorporación a la organización', se indica en el comunicado.

Antes de que acabe 2017 Colombia espera ingresar en los últimos cinco comités, de los 23 que componen la OCDE, para ser admitido como miembro pleno, entre ellos, los de comercio, asuntos laborales y sociales y gobernanza pública.

El Gobierno ordenó el pasado martes la liquidación de Electricaribe, cuatro meses después de ser intervenida y tras una fallida negociación para intentar una solución pactada.

En respuesta, Gas Natural ha anunciado que recurrirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La delegación de Cremades & Calvo-Sotelo -compuesta por su vicepresidente, José Francisco Estévez; el socio Eduardo Sebastián de Erice y el asesor sénior internacional, Gabriel Fernández Rojas- abordó con sus interlocutores en París la 'fragilidad del modelo de supervisión' vigente en Colombia.

'Este informe pone de manifiesto la debilidad del sistema de supervisión de organismos independientes' en Colombia, señaló Estévez en declaraciones a la agencia de prensa Efe.

En esa misma línea, el comunicado alerta del riesgo de que Colombia siga un modelo 'superado en Argentina, México, Perú y otros muchos países del área, y conservado en Venezuela o Bolivia'.

El análisis se presenta simultáneamente ante la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, y será examinado el lunes por las asociaciones internacionales de defensa de los accionistas minoritarios en Gante (Bélgica).

La multinacional española Gas Natural Fenosa ya había anunciado la demanda contra Colombia por la liquidación de su filial Electricaribe ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.

Gas Natural pedirá una indemnización de 1.000 millones de euros, cifra que supone más del doble del valor contable de Electricaribe de 475 millones de euros.

Con esta demanda ante el Ciadi, la multinacional española reacciona así a la liquidación de Electricaribe, que es considerada como una expropiación, pero que el Gobierno colombiano ha insistido en desmentir.

España confía en un acuerdo

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró hoy que todavía confía en que pueda haber una 'solución satisfactoria' entre el Gobierno de Colombia y la multinacional española Gas Natural Fenosa por la liquidación de su filial Electricaribe.

Dastis se refirió a este asunto en Ciudad de México después de reunirse con el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, al comienzo de su visita oficial.

Gas Natural Fenosa va a demandar a principios de la próxima semana a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial por la liquidación de Electricaribe, por la que pedirá una indemnización de 1.000 millones de euros.

Ante el anuncio de la multinacional española, Dastis defendió el derecho a recurrir a este instrumento jurídico, si bien recordó que el Gobierno español 'siempre está a favor de una solución negociada' para resolver el litigio.

'Confiamos en que, de alguna manera, se acabe alcanzando una solución satisfactoria para las dos partes', deseó Dastis en declaraciones a los periodistas en la residencia del embajador de España en México.

No obstante, el jefe de la diplomacia española subrayó que el Gobierno español 'apoya' a una empresa como Gas Natural Fenosa que 'ha desarrollado una labor muy positiva' y que, en el caso de Colombia, 'estaba dispuesta a adaptarse para hacer también frente a las necesidades de los clientes y los consumidores'. Efe