Tras una investigación de carácter disciplinaria, la Procuradora Regional, Mercedes Navarro, determinó que 'el Concejo de Barranquilla no había usurpado ningún tipo de funciones ante la aprobación al impuesto de la telefonía', que se estableció en el último año de Gobierno de la ex alcaldesa Elsa Noguera.
Así lo explicó el presidente del Concejo, Juan Carlos Ospino. La investigación, que duró un año, se abrió luego de que un ciudadano adujera 'que el Concejo no tenía competencia para cumplir este rol y que la norma había sido derogada'.
'Hicieron una investigación de carácter disciplinaria que buscaba definir si en el comportamiento del Concejo de Barranquilla al momento de aprobar el impuesto se habían cometido irregularidades o se había contravenido la ley', indicó.
Ospino indicó que las competencias del Concejo están 'claramente' plasmadas en el artículo 313 de la Constitución Política Nacional.
'Nosotros aportamos alrededor de cinco a seis sentencias al Consejo de Estado que ratificaban las competencias del concejo de Barranquilla', entre otras evidencias.
'La audiencia terminó el 30 de diciembre. El fallo pudo ser apelado, pero no lo fue por lo tanto ya quedó ejecutoriado'.
De acuerdo con el presidente del Concejo, el interés de que continúe un tributo que fue 'creado por el Congreso de la República' y que beneficia los parques que se están haciendo en la ciudad. También favorece a los 'pensionados de la ciudad' y en ese sentido 'el Gobierno da la tranquilidad que se están haciendo las inversiones suficientes', dijo.
