José Miguel Mendoza aseguró en septiembre, tras dos meses de su posesión, que su nombramiento como Superintendente Nacional de Servicios Públicos tenía como objetivo principal 'resolver el problema de Electricaribe de una vez por todas'.
La compañía eléctrica había generado constantes protestas de usuarios por fallas y reiterados reclamos de mandatarios de la Región Caribe al Gobierno Nacional, para que tomara posesión de la empresa propiedad de la española Gas Natural Fenosa (GNF).
Eran cerca de 10 años de crisis financiera y operacional de la empresa, la cual se agudizó en mayo de 2014, cuando 40 barrios de Barranquilla y 57 de Soledad se quedaron alrededor de 72 horas sin energía por una falla en una subestación. En adelante, se hicieron comunes los bloqueos de vías en municipios y ciudades capitales de la Región.
Entre 2011 y 2016 estuvieron dos superintendentes frente al tema (César González y Patricia Duque) y no hubo medida alguna que aliviara la crisis. Desde la entidad solo se conocía las miles de quejas que recibían de usuarios, investigaciones y millonarias multas contra la empresa.
El mismo Mendoza admitió que encontró una Superintendencia que se había convertido 'en una oficina de quejas y reclamos, dedicada a responder teléfonos y anotar unas quejas por allá'. Su plan se basó llevar un equipo de expertos en investigaciones gubernamentales y fiscalización. El objetivo era 'evitar que haya crisis, y si hay una salir de ella y atajarla en el menor tiempo posible'.
Una de sus primeras acciones consistió en enviar a Electricaribe un grupo de contadores y técnicos forenses para extraer información de los discos duros de la empresa, todo en dos visitas sorpresa. Lograron sacar 10 discos duros de cinco terabytes cada uno, 'llenos de datos'.
El análisis arrojó en octubre pasado una conclusión inicial: que 'los costeños sí pagan su factura de energía'. La Superintendencia concluyó que el promedio de recaudo en los usuarios regulados y no regulados, equivalentes al 77% de la facturación total de Electricaribe, es del 97,9%. Con eso buscaba desvirtuar la defensa de GNF, que decía que la baja inversión en infraestructura era consecuencia del temas como el fraude, la cultura de no pago y el consecuente bajo recaudo.
Pero la medida que ha marcado la diferencia de su gestión con la de sus predecesores ha sido la toma de posesión decretada el 15 de noviembre pasado. Mendoza se decidió por la intervención a Electricaribe, justo cuando estaba en su punto máximo la zozobra en la Costa por cuenta del riesgo de racionamientos generado por los constantes retrasos en los pagos de Electricaribe a XM (operador del mercado eléctrico de bolsa en Colombia).
El Superintendente aseguró tras la intervención que en esta etapa están ''rescatando, sacando del abismo' a la compañía, y que trabajan para conseguir el 'remedio' que permita cumplir con su promesa de solucionar 'de una vez por todas' el problema en el que se ha convertido Electricaribe.
Perfil
Antes de su llegada a la Superservicios, Mendoza se venía desempeñando como delegado de la Superintendencia de Sociedad desde julio de 2012.
José Miguel Mendoza es abogado de la universidad Javeriana, tiene una maestría (cum laude) en Mercados financieros alternativos en la universidad de Tilburg (Países Bajos).
Adicionalmente, cuenta con una maestría en Derecho de sociedades y regulación de mercados financieros de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Y tiene un doctorado en Estrategias de reforma institucional en América Latina en la Universidad de Oxford.
Además de su participación en la Superintendencia de Sociedad, Mendoza es profesor de derecho de sociedades en la facultad de derecho en la Universidad de los Andes desde julio de 2013. También ha sido investigador de la Universidad de Columbia y Oxford.
