La Contraloría Departamental evidenció 87 hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales en la Universidad del Atlántico (UA) por $4.731 millones.
EL HERALDO tuvo acceso este martes, en primicia, a los resultados del tercer ciclo (octubre – diciembre) de auditorías 2016 lideradas por el contralor Carlos Rodríguez Navarro. El informe arrojó, además, supuestas irregularidades por otros $436 millones en Repelón, Campo de la Cruz y Ponedera. La auditoría fue aplicada a las vigencias 2014 y 2015 de los tres municipios y la Uniatlántico.
Rodríguez afirmó que los hallazgos, que alcanzan en total los $5.167 millones, se encuentran relacionados con 'falta de planeación contractual, de verificación de la ejecución de los contratos, de una adecuada supervisión de los mismos y por el no pago de estampillas departamentales'.
En la uniatlántico
En los periodos auditados, la institución de educación superior pública ha tenido tres rectores, una en propiedad, Ana Sofía Mesa (entre enero y septiembre de 2014), y dos en calidad de encargo: Rafael Castillo (entre septiembre y agosto de 2015), y Rafaela Vos Obeso (agosto de 2015 – actual).
El informe evidenció 39 hallazgos de carácter administrativo, 34 con presunta incidencia disciplinaria, 4 con posible incidencia penal y 10 más con posible incidencia fiscal.
Entre las faltas detectadas por la Contraloría hubo: violación de los requisitos para la suscripción de los contratos, violación del principio de economía y planeación, principios de selección objetiva con respecto al manual de contratación de la entidad, pagos por un valor mayor al establecido en las cláusulas contractuales (presunto detrimento fiscal), y errores en la labor de facturaciones y supervisión de contrato, entre otros.
Como resultado, el organismo concluyó que el control fiscal interno de la UA obtuvo un puntaje de 74,2, considerado 'deficiente'. 'El sistema de Control Interno y la oficina de Control Interno presentan un resultado desfavorable, evidenciándose la no presentación de informes de Ley en término legal (carencia de seguimiento mapas de riesgos, informes de austeridad del gasto, falta evaluación del desempeño, y no implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI– en su totalidad.)'.
Contrato
El contralor Rodríguez precisó que uno de los mayores hallazgos al interior de la universidad fue por $2.456 millones, al contrato 000118 del 17 de enero de 2014 con Itworks SAS. La forma de pago fue pactada por porcentajes preestablecidos por avance, y el supervisor fue Yesid Pacheco, según la Contraloría.
Se lee en el informe que la Uniatlántico canceló los $2.456 millones, equivalente al 83 % del costo total del contrato ($2.964 millones), al contratista, por un programa llamado People Soft, 'sin que se evidenciara la implementación de los tres módulos del programa en las vigencias 2014-2015. Por lo cual se considera un detrimento fiscal'.
La Contraloría advirtió que hubo 'graves falencias' en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en la labor de supervisión. El equipo auditor evidenció que, luego de dos años, existen módulos sin implementar, la nómina aún se diligencia manualmente en Excel y el módulo correspondiente a la gestión financiera 'tampoco ha sido implementado'.
Como conclusión, el informe señala la necesidad de 'definir la puesta en marcha' de este programa o la 'implementación de otro', es decir, dieron 'casi' por perdida la inversión.
La Contraloría del Atlántico informó que la UA tuvo el 'derecho a contradicción' para que 'aclarara las deficiencias e inconsistencias' detectadas en la gestión financiera, presupuestal y contractual. 'No obstante, la Universidad presentó los descargos de manera extemporánea, en clara violación de la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, quedando el informe en firme'.
Hallazgos en municipios y resultados de denuncias
En los tres municipios auditados, la Contraloría detectó falencias entre 2014 y 2015 por $436 millones, repartidos así: $164 millones en Repelón, $169 millones en Campo de la Cruz y $102 millones en Ponedera.
Durante el año 2016, la Contraloría Departamental del Atlántico recibió 145 denuncias de las cuales se resolvieron 103, las 42 restantes se encuentran en trámite. 30 fueron recepcionadas directamente en las cuatro audiencias públicas realizadas en 2016 en Puerto Colombia, Luruaco, Palmar de Varela y Juan de Acosta.
Como resultado de la atención a las denuncias, el organismo detectó presuntas irregularidades de tipo fiscal por $4.845 millones, en Juan de Acosta, Tubará, Palmar de Varela, Candelaria, y Polonuevo.
Balance: En tres ciclos - 2016
Los hallazgos detectados este año por la Contraloría del Atlántico sumaron $22.111 millones, incluyendo los tres ciclos de auditorías y las denuncias resueltas por el organismos de control.
Carlos Rodríguez calificó como 'históricos' los resultados de 2016. 'En mi primer año, superamos lo hecho en los cuatro anteriores'.
Sobre los dineros detectados como presuntas irregularidades en los dos primeros ciclos de esta vigencia, el contralor aseguró que aún no los han recibido porque se encuentran en procesos de responsabilidad fiscal. 'Cuando cobramos, a través de un proceso de jurisdicción coactiva, el recurso se devuelve a la institución pública'.
