Si se tiene en cuenta que en la Jurisdicción Especial de Paz hay unas penas, 'no se puede decir que hay impunidad' para la guerrilla, afirmó el exministro de Justicia, Yesid Reyes.
Reyes, hijo de del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, quien murió en la toma al Palacio de Justicia por parte del M-19, hizo un análisis de las penas que se establecen para los guerrilleros en el Acuerdo de Paz con las Farc.
Recordó que en el proceso con el M-19 hubo amnistía y que ninguno de sus miembros terminó siendo investigado y juzgado por hechos como el del Palacio de Justicia y que todos participaron directamente en política.
'Si usted lo mira treinta años después, me parece que fue un experimento absolutamente exitoso, hay personas del M-19 que han ocupado gobernaciones, alcaldías y curules en el Senado', añadió durante su intervención en el conversatorio sobre paz organizado por la Fundación Ser Capaz y Gases del Caribe.
Reiteró que la experiencia con el M-19 fue provechosa. 'Lo digo desde mi punto de vista: el M-19 tuvo una enorme responsabilidad en la muerte de mi padre y me parece que con los estándares internacionales que había en la década de los 80, se consiguió un buen acuerdo de paz. Hoy en día los estándares son más altos y los acuerdos de paz que los cumplen', añadió.
Las sanciones
El acuerdo contempla en el punto quinto un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Explicó que uno de los componentes de este punto es la Jurisdicción Especial de Paz, que establece, expresamente, las sanciones para los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
'Son sanciones cuya naturaleza y duración varían de acuerdo con la colaboración que la persona preste con la administración de justicia, de tal manera que quienes, muy tempranamente, acepten la participación en los hechos que se les atribuyan van a recibir una sanción restrictiva de la libertad de entre cinco y ocho años, más otro tipo de sanciones de carácter retributivo con obras materiales para las víctimas o la comunidad.
Para quienes acepten su responsabilidad antes de ser condenados, pero no en la primera oportunidad que tienen, las sanciones van de cinco a ocho años, con prisión en cárceles ordinarias. Para quienes no acepten ninguna responsabilidad y sean condenados, están previstas penas de hasta 20 años en centros ordinarios de reclusión.
De la justicia a la venganza
A una pregunta formulada por la decana de Derecho de Uninorte, Silvia Gloria, sobre la preocupación que haya impunidad en este proceso, el exministro respondió:
'El concepto de impunidad significa que una persona no recibe una sanción por un hecho delictivo cometido. En la medida en que la Jurisdicción Especial para la Paz consagra penas y sanciones, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad de los delitos, no se puede hablar de impunidad.
La gente cuando se refiere a la impunidad, lo que quiere significar es que le gustaría en casos concretos sanciones más elevadas de las que están contempladas. No ocurre solo con los acuerdos de paz, desafortunadamente nuestra política criminal en Colombia se mueve de acuerdo con los sentimientos. Uno revisa cómo cambian las penas en el Código Penal y les puedo decir por qué caso cambiaron cada pena. Todo nuestro sistema de penas en Colombia, desafortunadamente, no responde tanto a criterios técnicos como debería, como a criterios emotivos. Esto ha llevado a que el régimen punitivo sea un desastre desde el punto de vista técnico.
Una pena no se fija de manera arbitraria y siempre busca un propósito. Finalmente es un diálogo entre seres racionales. Esa comunicación racional que supone la pena lo que quiere decir es que yo busco algo con la imposición de la pena.
Con una pena se busca que la persona sancionada se reincorpore a la sociedad y abandone la senda del delito. Entonces, ¿qué clase de penas y qué duración deben tener? La respuesta es la que sea necesaria para que la persona se reincorpore a la vida social y abandone la senda del delito. Cualquier pena que exceda esta finalidad, es venganza. Sería estatal si la impone el Estado, pero venganza, al fin y al cabo. Si con las sanciones que contemplan los acuerdos de paz se consigue que los exmilitantes de las Farc se reincorporen a la sociedad y abandonen la senda del delito, que es lo que se ha acordado, entonces las penas son suficientes y están de acuerdo con los principios de proporcionalidad que se reconoce tanto nacional como internacionalmente.
